Andalucía tacha cobro a inmigrantes como paso más en cambio radical de modelo

Sevilla, 7 ago.- La Consejería andaluza de Salud y Bienestar Social considera que plantear el cobro a inmigrantes en situación irregular para que tengan derecho a asistencia sanitaria supone "un paso más en el cambio radical de modelo sanitario" que impulsa el Gobierno central.

Fuentes de este departamento de la Junta de Andalucía han aclarado a EFE que no han recibido ningún documento oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre esta iniciativa aunque han manifestado que "no les sorprende".

"No nos sorprende que el Gobierno central quiera imponer un coste a este colectivo por recibir asistencia sanitaria, sobre todo después de que el pasado viernes aprobara el Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España", han añadido dichas fuentes.

En opinión de la Junta de Andalucía esta cuota sanitaria supondría "un nuevo retroceso de los derechos sanitarios de la ciudadanía", ahondaría "en el desmantelamiento" del Sistema Nacional de Salud "tal y como venía funcionando desde 1986" y "dejaría fuera a algunos colectivos como los inmigrantes en situación irregular".

La Consejería andaluza de Salud y Bienestar Social ha reiterado que las reformas del Gobierno en materia sanitaria perseguirían "la supresión de una de las características básicas de los servicios sanitarios españoles: el acceso universal de todos los ciudadanos".

"Esto es así ya que se ha pasado de un Sistema Nacional de Salud público, universal y gratuito a un modelo de aseguramiento, en el que la financiación se realiza por parte de ciudadanos asegurados, a través de las cuotas de Seguridad Social", han añadido las fuentes.

Es el caso de los inmigrantes en situación irregular, la Junta ha destacado que esta medida perjudicaría "a uno de los colectivos más vulnerables desde el punto de vista económico y social, y que además ha demostrado ser de los que menos recursos sanitarios consume".

La Consejería andaluza de Salud defiende que la atención sanitaria a estas personas "es primordial por humanidad y porque un deficiente control de la situación sanitaria de la población podría originar consecuencias a terceras personas".

Asimismo, sostiene que "obligar a determinadas personas a que paguen los servicios sanitarios es un intento más del Gobierno de España de poner trabas a las comunidades que en sus Estatutos de Autonomía tienen reconocida la atención a todas las personas que residan en la comunidad, sin distinción de sexo, raza, procedencia o religión".