Andreu pidió diez veces a Francia datos de etarras, que obtuvo 7 años después

Madrid, 10 jun.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu reiteró en decenas de ocasiones la petición que hizo en 2005 a Francia vía comisión rogatoria para que enviaran un cuerpo de escritura de los etarras Jon Kepa Preciado y Eneko Aguirresarobe que no llegó hasta 2013, según fuentes jurídicas.

Esta tardanza en cumplimentar la comisión rogatoria cursada a Francia provocó unas "exageradas dilaciones" en ese proceso que han llevado a la Sala de lo Penal Audiencia Nacional a tener que rebajarle a Preciado y a otro acusado la pena por atentar en una subestación eléctrica de Iurreta (Vizcaya).

La sección cuarta de la Sala de lo Penal condenó ayer a dos años de cárcel a Preciado y a Gorka Martínez por este atentado sin víctimas, cometido el 19 de junio de 2003 y por el que la Fiscalía pedía para cada uno ocho años y medio de cárcel.

En su sentencia, los magistrados -Ángela Murillo, Carmen-Paloma González y Juan Francisco Martel- señalaron que se veían obligados a rebajarles la pena por las "exageradas dilaciones" de hasta siete años y medio no imputables a los acusados y que fueron debidas a la tardanza de Francia en cumplimentar la citada comisión rogatoria solicitada en 2005 y que no llegó hasta 2013.

El juzgado que instruyó los hechos, el central de instrucción número 4 del que es titular Andreu, pidió el 4 de febrero de 2005 a las autoridades francesas, vía comisión rogatoria, un cuerpo de escritura de Preciado y Aguirresarobe, cuando se encontraban presos en el país galo y que no llegó a la Audiencia Nacional hasta el 21 de enero de 2013.

Según refleja el tribunal en la sentencia, esta circunstancia "se aleja de la justicia material" y por ello cree que debe tener reflejo en la pena impuesta a ambos por un delito de daños terroristas.

La sentencia considera probado que los dos acusados, como integrantes de ETA, "planificaron la colocación de un artefacto explosivo" en la subestación eléctrica "Electra Larrañaga", situada en Iurreta y que gestionaba la empresa Iberdrola.

En ejecución de este plan, el 19 de junio de 2003, sobre las tres de la madrugada, los dos acusados "actuando de común acuerdo y en compañía de una tercera persona que no se juzga" se dirigieron en el coche de Martínez Azcarazo a la subestación eléctrica y Preciado y el tercer acompañante se encargaron de colocar el artefacto "junto a la pared externa de la caseta de instrumentos de la subestación".

El artefacto explotó una hora después, causando daños en la pared exterior de la edificación y en los equipos de control de la subestación por más de diez mil euros y dejó varias horas sin suministro eléctrico a varias zonas de las localidades de Iurreta y Durango.

Los hechos fueron reivindicados por ETA mediante un comunicado remitido al periódico Gara y publicado el 3 de agosto de 2003.

El 5 de septiembre de ese año la Ertzaintza realizó un operativo contra ETA en el que desmanteló parte de la infraestructura del comando Vizcaya, un piso en Amorebieta y una lonja-garaje de Galdakao.

Ambos inmuebles habían sido alquilados por Martínez Azcarazo, el primero de ellos estaba destinado a albergar a miembros de ETA y el segundo para depositar armas y explosivos.

En la lonja-garaje se halló además una nota con anotaciones manuscritas de Preciado que indicaban la cantidad de explosivos utilizada en diversos atentados, entre ellos el de la subestación eléctrica de Iurreta.

También fueron intervenidas varias armas y sustancias explosivas, entre ellas 77 kilogramos de cloratita y 391 cartuchos de dinamita.