APDH Melilla avisa al Defensor de que los 'menas' acogidos duplican o triplican la capacidad del centro de menores

La Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de Melilla se ha dirigido al Defensor del Pueblo para quejarse sobre el estado del centro de acogida de menores extranjeros ('menas') de Melilla después de que la Consejería de Bienestar Social les haya reconocido que alberga una cantidad de menores que duplica la capacidad de las instalaciones.

La APDH ha señalado que, pese a ello, la Consejería de Bienestar Social "no ha podido ampliar la plantilla de personal, dado que la Intervención General informó desfavorablemente sobre la modificación del contrato existente, por lo que se están efectuando los trámites oportunos para realizar un nuevo contrato administrativo, a fin de adecuar el personal necesario al número de internos".

Además, ha indicado, respecto a la demora en la reseña y la determinación de la edad de los menores, que pese a lo previsto en el Protocolo Marco de MENA, "en Melilla los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no identifican a los menores antes de su ingreso en los Centros de Protección, por lo que no se efectúa la consulta en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados".

La organización que dirige José Alonso ha añadido que la Consejería informa de que deben ser los servicios de protección los que, a posteriori, contacten con la Policía para obtener cita para reseñar a los menores, debiendo igualmente solicitar a la Fiscalía de Menores la realización de pruebas médicas, en caso de encontrarse indocumentados.

"La citación para dichas reseñas --ha apuntado la APDH-- no se realiza de forma automática, sino que, al parecer, por falta de personal, se ejecutan a demanda de la Policía, por lo que los interesados pueden permanecer semanas internos en los centros, sin que hayan sido reseñados".

DOCUMENTACIÓN DE LOS 'MENAS'

Con respecto a la documentación de los menores, la asociación ha comunicado a la Oficina del Defensor del Pueblo que se realiza en la forma establecida por la normativa, solicitando permiso de residencia y cédula de inscripción antes de los tres meses, siempre y cuando se haya determinado la edad del menor.

De modo similar, se solicita la escolarización de los menores en cuanto queda determinada su edad. La Ciudad Autónoma, ha recordado, no tiene asumidas competencias en materia educativa, por lo que el organismo competente en la asignación del centro escolar correspondiente es la Dirección Provincial de Educación de Melilla.

Por último, ha asegurado que la Fiscalía de Área se ha dirigido a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma solicitando que se adopten las medidas necesarias para dar cobertura al elevado número de menores acogidos en el centro.

Además, ha solicitado información sobre los menores ingresados en cada uno de los módulos y sobre el número de ellos pendientes de realizar pruebas de determinación de la edad y de obtener su documentación, con indicación del tiempo que llevan ingresados en el centro y los motivos de la falta de tramitación, así como acerca de la escolarización de los internos, especificando el centro en el que cursan estudios o realizan su formación.

De modo similar a las resoluciones recientemente dictadas por esta institución, en relación con las irregularidades detectas en la tramitación de la documentación de los menores tutelados, ha añadido que la citada Fiscalía de Área ha oficiado a la Delegación del Gobierno de Melilla interesando la adopción de las medidas necesarias a fin de que "la tramitación de la residencia se realice con la mayor celeridad, especialmente en el caso de menores que se encuentran próximos a cumplir la mayoría de edad".

En relación con los menores que pernoctan en las calles, la Consejería de Bienestar Social ha comunicado al Defensor del Pueblo que reitera "su rechazo (el de los menores) a ingresar en los centros de protección, siendo su finalidad embarcar en algunos de los buques que se dirigen a la Península, poniendo en grave peligro su integridad".

Para finalizar, ha detallado que se comunica que la mayoría de estos menores presentan graves problemas de drogadicción y crean gran inseguridad en la ciudadanía provocando continuas altas y bajas en los centros de protección.