Aumentan las medidas alternativas a la prisión en las condenas a menores

  • Los jueces imponen cada vez más a los menores penas alternativas a la privación de libertad, como por ejemplo la libertad vigilada, medida que ha tenido más incidencia en 2010 que en 2009, mientras que ha descendido el internamiento en régimen cerrado.

Madrid, 15 sep.- Los jueces imponen cada vez más a los menores penas alternativas a la privación de libertad, como por ejemplo la libertad vigilada, medida que ha tenido más incidencia en 2010 que en 2009, mientras que ha descendido el internamiento en régimen cerrado.

Así lo destaca la Memoria de la Fiscalía General del Estado del 2010, hecha pública hoy, la cual señala cómo tal evolución está "en concordancia con las recomendaciones internacionales sobre la materia".

Los datos apuntados por la Memoria señalan que en 2010 se impuso la libertad vigilada a menores en 10.527 ocasiones, mientras que en 2009 se hizo en 10.346 y, en 2008, en 9.382; al tiempo, la Memoria destaca que el internamiento en régimen cerrado se impuso, en 2010, en 687 ocasiones, mientras que, en 2009, se firmó en 771 y, en 2008, en 853.

"Sigue observándose un ligero retroceso en cuanto a la utilización de la medida de mayor gravedad de las imponibles en Derecho Penal Juvenil", señala el fiscal.

"Continúan, pues, siendo de utilización preferente las medidas alternativas a las privativas de libertad", concluye.

La Memoria solicita, además, que se derogue el artículo de la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal de los Menores que permite que se aplique a éstos la detención incomunicada prevista por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para casos de terrorismo.

El fiscal explica que tal previsión legal no se aplica en la práctica (ni siquiera en casos de "Kale borroka"), pues solo se ha usado en una ocasión, en el curso de la investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004.

La Memoria señala que son numerosas las instituciones, como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que critican la existencia de tal previsión legal en España, y añade que la propia fiscalía recomienda a los fiscales oponerse a la adopción de la detención incomunicada en el caso de menores, de modo, concluye, que lo mejor sería derogarla.

Mostrar comentarios