Santander, 14 sep.- El Servicio Cántabro de Salud (SCS) dio ayer de baja de su base de datos a un total de 4.810 ciudadanos extranjeros en situación irregular -113 menos de lo inicialmente previsto-, que a partir de ahora no estarán asegurados por el sistema público.
Pero esto no significa que no vayan a recibir asistencia y, de hecho, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, les ha animado a acudir en busca de asistencia sanitaria con la misma "confianza" y "tranquilidad" que hasta ahora.
Según ha explicado a preguntas de los periodistas, el SCS seguirá atendiendo a estos pacientes y, una vez recibida la asistencia, los servicios de administración de cada centro u hospital emitirán un parte y se facturará su coste para que lo abonen, según los casos, el país de origen, el seguro o mutua del paciente, o el propio usuario si tiene recursos.
En última instancia, si no hubiera convenios y el paciente no tuviera recursos, se verificará esa situación a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y la factura quedará sin abonar, pero se guardará por si fuera posible cobrarla más adelante mediante algún convenio con el país de origen.
Los precios serán los que marca anualmente la Consejería en el decreto de precios públicos, que en la actualidad fija en unos 60 euros el coste de una consulta de Atención Primaria y en torno a 160 euros la atención de una urgencia.
El Servicio Cántabro de Salud está dando instrucciones a los gerentes de los centros y a los responsables de admisión y administración.
Pero para los profesionales sanitarios no cambia "nada", seguirán prestando la asistencia como hasta ahora, y serán después los servicios de administración los que se encargarán de emitir el parte de asistencia y facturación.
La consejera ha pedido a los ciudadanos que "no se dejen llevar por la manipulación" o por el "cliché" de identificar a extranjeros en situación irregular con "la penuria del inmigrante" que llega a España en patera.
En este sentido, ha recalcado que alrededor del 30 % de las personas dadas de baja por el SCS son ciudadanos de otros países de la UE y cuentan con un sistema sanitario en sus estados de origen que debe hacerse cargo de la asistencia.
Según dice, "lo que no es normal" es que los españoles tengan que pagar con sus impuestos esa atención. "Esa es la anomalía que a partir de ahora se ha resuelto", ha sentenciado Sáenz de Buruaga, quien ha dejado claro que el objetivo no es "excluir" del sistema a extranjeros sin papeles, sino "blindar" el sistema español de "abusos".
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