San José, 2 abr.- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, envió hoy al Congreso el proyecto de ley que busca permitir la fecundación in vitro en este país, en acatamiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La mandataria firmó el proyecto junto a su ministra de Salud, Daisy Corrales, en una conferencia de prensa previa a que fuera enviado al Congreso, donde se decidirá en cual comisión legislativa comenzará su análisis.
"Este proyecto tiene garantías de rigurosidad técnica. Fue un proyecto que se procuró consultar con distintos sectores y recoge algunas de sus preocupaciones, en un esfuerzo para lograr un mayor consenso de las partes en los contenidos", aseguró Chinchilla.
La iniciativa, llamada "Ley de fecundación in vitro y transferencia de embriones humanos", contiene 31 artículos y permite "la transferencia de hasta dos embriones en la mujer por cada ciclo reproductivo", número que puede aumentar a tres dependiendo del criterio médico.
La técnica sólo podrá aplicarse si uno o ambos miembros de la pareja padecen problemas de infertilidad y únicamente se permitirá en mujeres mayores de 18 años.
Otro artículo de la ley habilita la conservación de embriones fecundados y no transferidos a la mujer por un plazo de cinco años prorrogable a diez, después del cual pueden ser donados para adopción con fines reproductivos.
La fecundación in vitro fue prohibida en Costa Rica por la Sala Constitucional en el año 2000 debido a que consideró que violaba el derecho a la vida de los embriones que no se implantaban en el vientre de la mujer.
Un grupo de parejas con problemas de infertilidad elevó el caso ante la CorteIDH, que en diciembre pasado emitió una sentencia en la que condenó al Estado costarricense por afectar el "derecho a la vida privada y familiar, los derechos reproductivos y a la integridad personal".
La CorteIDH negó en su fallo que "el embrión pueda o deba ser tratado jurídicamente de manera igual a una persona" y ordenó que se permita la técnica médica en el país.
La iniciativa de ley presentada hoy surge como la respuesta de Costa Rica a la sentencia de la CorteIDH.
Otros puntos del proyecto de ley prohíben la destrucción de embriones viables, la división y selección genética de embriones, su comercio o la experimentación.
También establece penas de cárcel que oscilan entre los tres y los diez años para quienes transfieran un número superior de embriones a lo permitido, a quien aplique la técnica sin consentimiento de la mujer o el hombre que produjeron los gametos.
Además, las penas de cárcel también se aplicarán para las personas que investiguen en embriones humanos, que examinen un embrión para seleccionar su sexo, que realicen manipulación genética, que comercialicen gametos o embriones o que los destruyan.
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