Cubiertos hasta la cintura por aguas del río que sirve de frontera natural entre el estado venezolano de Táchira y el departamento de Norte de Santander, en Colombia, personas humildes volvían a su país con la ayuda de policías, mientras desde Bogotá el gobierno de Juan Manuel Santos clamaba por resolver la coyuntura por vía diplomática.
"Nos tocó salir con lo puesto a las tres de la mañana. Nos vinimos antes de que nos deportaran", dice Rosana Moreno, una colombiana de 25 años habitante de la barriada Mi Pequeña Barinas, que visitó la AFP y de donde este martes huían cientos de personas.
"La policía colombiana colabora, la venezolana no", aseveró esta mujer, que huía con sus dos hijos mientras decenas de sus vecinos se quejaban de que militares venezolanos les habían robado pertenencias y dado unas horas para irse de sus casas -marcadas con una "d" de deportados o una "r" de reubicados- antes de ser expulsados y que sus casas fueran demolidas.
En una escena digna de Macondo, el poblado de ficción de Gabriel García Márquez, con un bebé llorando, perros ladrando y una fila india de colchones y estanterías que avanzaban hacia el río entre árboles de banano, la gente entonó alto y fuerte el himno colombiano. Cuando terminaron, todos aplaudieron, aunque no es realismo mágico, sino realismo puro.
Según el coronel Jorge Barrera, comandante de la Policía de Cúcuta, capital de Norte de Santander, "han pasado por el río, sin haber sido deportadas, entre 400 y 700 personas".
"El problema es bien grande y tenemos 120 hombres y 12 camiones" dispuestos para atenderlos, declaró Barrera.
Mientras, algunos deportados también volvían por el río a intentar recuperar enseres.
La crisis comenzó el viernes, cuando entró en vigor un estado de excepción de 60 días decretado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en esa zona fronteriza con Colombia, tras un ataque de desconocidos que dejó tres militares y un civil venezolanos heridos en la ciudad de San Antonio de Táchira durante una operación anticontrabando.
La medida, en el marco de la cual han sido deportados más de 1.000 colombianos supuestamente indocumentados, va acompañada del cierre de los pasos fronterizos.
Maduro, que el lunes ratificó su decisión de mantener el cierre de fronteras hasta que se restablezca "un mínimo de convivencia", ha denunciado que paramilitares que buscan desestabilizar su gobierno participan del contrabando en la zona.
El gobierno colombiano llamó en tanto este martes a "buscar mecanismos conjuntos para superar la problemática que se vive en la frontera, pero sin promover el odio".
"Es a través de la cooperación y no de la confrontación como lograremos de manera conjunta combatir con éxito fenómenos como el del contrabando, que nos afecta por igual", dijo en un comunicado.
En Cúcuta se instaló un centro de atención unificado en el que, según Migración Colombia, entre viernes y martes han sido atendidas 1.071 personas: 830 "adultos deportados" y 241 "menores repatriados".
Unos 600 deportados se hallan en albergues, donde les dan comida, atención médica y psicosocial, mientras otros 400 se han ido con sus familias a diversas regiones.
En el caso de los deportados, Migración Colombia informó que se "establecieron mecanismos de ingreso para la recuperación de sus enseres" en Venezuela, una de sus principales preocupaciones.
La crisis por las deportaciones y el cierre de fronteras ha tocado también a venezolanos con familiares colombianos, a muchos ciudadanos de una nacionalidad que trabajan o estudian en el otro país y a turistas.
En el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con San Antonio, colombianos se agolpaban junto a vallas colocadas por la policía.
"¡Hola, mi amor!", dijo la colombiana Judith Gómez a su hijo de cinco años, Jorge, a quien no veía desde el miércoles. Enfermera de 28 años, Judith trabajaba en Cúcuta cuando se cerró la frontera y quedó varada allí, mientras su marido venezolano y su hijo estaban en casa en Ureña, un poblado al otro lado.
"Por ahora estaremos separados. Nos toca empezar de cero de nuevo. ¿Qué más?", señala la joven tras despedirse del niño, que no quería "ni comer" estos días.
Para tratar la crisis, Santos se reunía esta tarde en Bogotá con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, conformada por expresidentes, excancilleres y congresistas.
El miércoles tendrá a su vez lugar en Cartagena, sobre el Caribe colombiano, una reunión entre las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros, en la que ambos denuncian la presencia de grupos irregulares que lucran con el contrabando de combustible y otros productos fuertemente subsidiados por el gobierno venezolano.
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