Cronología de un escándalo: del robo de datos al impacto en España

Un ex empleado se llevó datos de miles de clientes de su banco suizo y desató una polémica fiscal a lo largo y ancho del continente. La noticia saltó a finales de 2009, pero no fue hasta marzo de 2010 cuando la entidad afectada reveló la inmensidad de la polémica: más de 24.000 personas podrían estar implicadas, de las que luego se supo que unas 3.000 podrían ser españolas.

Todos ellos, en cualquier caso, eran clientes de la filial suiza del HSBC, el HSBC Private Bank, y el Gobierno francés abrió una investigación sobre evasión fiscal. Un par de meses después, en mayo del año pasado, las autoridades galas informaron a la Agencia Tribuaria española de la existencia de miles de nacionales entre las cuentas reveladas.

En concreto, la información suministrada por París reflejaba que varios clientes mantenían fondos en determinadas cuentas en el citado banco suizo, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.

Poco después, Hacienda envió requerimientos a 659 titulares de las cuentas (dos de ellas personas jurídicas) para "ganar tiempo" e interrumpir la posible prescripción del delito.

Gracias a esta actuación, la Agencia Tributaria contactó y llegó a pactos con centenares de implicados,de los que obtendría unos 260 millones de eurosen concepto de regularización.

El plazo que Hacienda concedió a los titulares para regularizar su situación expiró el pasado 30 de junio de 2010 (que es cuando precribía el delito fiscal). Por ese motivo y a partir del mes de septiembre, la Agencia empezó a citar a los titulares de las cuentas que no habían atendido el requerimiento o que lo hicieron de forma no satisfactoria.

Con estos contribuyentes, también se iniciaría el envío del expediente sancionador y se les notificó el comienzo de las actuaciones inspectoras correspondientes durante el otoño de 2010.

Finalmente, al principio de este año, la Agencia Tributaria culminó con sus investigaciones y remitió los expedientes a la Fiscalía Anticorrupción por si pudiera haber delito penal y corespondiera su denuncia ante la Audiencia Nacional.

Una vez más, el tiempo urgía, ya que si el 30 de junio de 2010 expiró el periodo fiscal para las sanciones pertinentes, el posible delito fiscal ya no estará vigente más allá de esa misma fecha de 2011, es decir, cinco años después de cuando debió declararse la existencia de esos ingresos en cuentas en el extranjero.

En cualquier caso, en los meses transcurridos desde septiembre de 2010 hasta ahora más de un abogado de los clientes afectados ha defendido la no colaboración con las autoridades basándose en la teoría de que la obtención de la información fue ilegal, con lo que cualquier proceso ulterior debería invalidarse.

Otro caso de cuentas ocultas

El del HSBC suizo no ha sido el único caso que la Agencia Tributaria ha impulsado para desvelar cuentas millonarias en el extranjero. También destacó el caso de Liechtenstein que se descubrió en 2007 después de la administración tributaria del Reino Unido enviara a España información sobre algunos contribuyentes españoles.

La información afectaba a algo más de 200 personas en 85 grupos familiares y se refería al ejercicio 2002 y a años anteriores.

Finalmente, Hacienda enviaría a la Fiscalía Anticorrupción información de 65 contribuyentes, y ésta abrió expediente a 35 afectados.

Sin embargo, tras la prescripción de algunos expedientes, seguirían en instrucción ocho procedimientos individuales y uno general que incluía a un total de nueve personas físicas, lo que hace un total de 15 contribuyentes.