Madrid.- La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho hoy que la propuesta del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de dificultar el empadronamiento de inmigrantes irregulares "es contraria a la Ley" y, de concretarse formalmente, "intervendría el servicio jurídico del Estado".
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha comentado que "habrá que ver si hay alguna decisión formal" por parte del Ayuntamiento Vic, y en caso de formalizarse corresponderá a la Abogacía del Estado intervenir.
De la Vega ha insistido en que la iniciativa no tiene cabida en el ordenamiento jurídico español, es contraria a la Ley reguladora de Bases del Régimen Local y a la Ley de Extranjería pero además, ha puntualizado, "no responde a los principios comúnmente aceptados por la inmensa mayoría de la sociedad española".
"Una sociedad -ha dicho- que tiene muy clara su escala de valores y que siempre se une, con voz única, ante cualquier atisbo o tentación de exclusión social o recorte de libertades".
De la Vega también ha apuntado que más allá de que haya aparecido alguna situación similar en otro ayuntamiento -en referencia a la Corporación de Torrejón de Ardoz (Madrid)- tiene la impresión de que ambos ayuntamientos "empiezan a ser conscientes de la respuesta social que ha generado la propuesta por lo que creo la deberían reconsiderar".
A la pregunta de si el Gobierno prevé alguna reforma de la Ley sobre estos asuntos, la vicepresidenta primera ha remarcado que "cuando la ley es clara no hace falta llevar a cabo ninguna reforma".
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