Madrid.- El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha expresado hoy su queja por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y del consejero de Presidencia, Francisco Granados, en materia de Justicia gratuita, que a su juicio revelan una falta de aprecio hacia la labor de los abogados.
De esta forma se refería en una conferencia de prensa el decano del ICAM, Antonio Hernández Gil, a las explicaciones que tanto Aguirre como Granados dieron el pasado 30 de diciembre tras anunciar la restricción de la Justicia gratuita y la limitación del acceso a este servicio para las personas que demuestren su escasez de recursos.
Hernández Gil ha expresado su preocupación por unas declaraciones "poco precisas" y difíciles de valorar, que "ponen de manifiesto la anteposición de criterios económicos a la tutela del derecho de defensa y el acceso de los ciudadanos más necesitados".
En concreto, el decano ha recordado que Granados tuvo que matizar y rectificar el anuncio inicial de que se iba a restringir en Madrid la Justicia gratuita en la jurisdicción laboral, ya que es un derecho que la ley estatal concede a todos los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social.
Igualmente, ha calificado como contraria a nuestro ordenamiento la posibilidad de que se exija que cada recurso de un abogado de oficio tenga que ir acompañado de un mandato de su cliente, exigencia para la que, según Hernández Gil, sería necesaria una profunda reforma de las leyes procesales.
Por último, el decano ha criticado duramente la intención de restringir el acceso a la Justicia gratuita de los extranjeros y ha negado que, como afirmó Esperanza Aguirre, dicho acceso obligue a asumir todas las cuestiones que judicializa "cualquier inmigrante que aterriza en Barajas".
Ante esa afirmación, Hernández Gil ha asegurado que la asistencia a extranjeros representa un 25 por ciento de la Justicia gratuita en general que se presta y que además Barajas representa sólo una cuarta parte de todo lo que afecta a extranjería.
Por esa razón considera que ni siquiera desde el punto de vista económico está justificado dirigir esa mirada restrictiva al colectivo "especialmente necesitado" de ciudadanos extranjeros.
"Hay que considerar la situación de esos inmigrantes y pretender uniformar su trato con los españoles sería contrario a los principios constitucionales", ha dicho.
No obstante, ha reconocido que pueden existir ciertos abusos, especialmente en procesos relacionados con delitos de seguridad vial en los que se prima la designación de abogado de oficio, por lo que ha ofrecido al Gobierno de la Comunidad toda su colaboración para hacer frente a estos posibles fraudes.
Tras criticar las restricciones anunciadas por el Gobierno madrileño, Hernández Gil ha destacado que frente a esas decisiones el Colegio de Abogados ha puesto en marcha nuevas iniciativas "a su costa", como la instalación este verano en el aeropuerto de Barajas de un servicio de orientación jurídica para extranjeros.
Esta iniciativa también se pondrá en marcha en los centros de internamiento de menores.
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