Denunciarán a 12 expolicías por torturas en tiempos de la dictadura uruguaya

Montevideo, 13 sep.- Cuarenta expresos políticos denunciarán a 12 exmiembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por las supuestas torturas a las que fueron sometidos en tiempos de la dictadura (1973-1985), informó hoy a Efe el abogado de los litigantes, Pablo Chargoña.

Según el letrado, los testimonios de los denunciantes "narran episodios de tortura que revelan una forma de actuación metódica y planificada de la policía" en un período que en realidad abarca de 1972, en vísperas del golpe de Estado, y 1984, cuando estaba por caer el régimen de facto.

Los afectados aseguran haber sido secuestrados, encapuchados y sometidos a métodos como la picana eléctrica o el submarino.

Algunos señalaron con nombre y apellido a sus torturadores, mientras que otros los identificaron por el apodo que usaban los uniformados entre ellos.

"La práctica habitual" en esos secuestros "era la capucha" y "hay muchos testimonios sobre lo que oían", aunque "a veces podían sacársela o ver a alguna persona en el momento de la detención", detalla Chargoña.

El abogado prefirió no facilitar nombres ni de los policías inculpados ni de los acusadores, que eran "presos de diversos sectores políticos de izquierdas y la mayoría muy jóvenes".

Chargoña hizo hincapié asimismo en que la denuncia que se presentará en los próximos días "afirma la idea de que se trata de un crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible".

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya señaló en mayo pasado que los delitos de la dictadura prescriben el próximo 1 de noviembre en una sentencia relativa a la causa de los militares retirados José Nino Gavazzo y Ricardo Arab, condenados a 25 años de prisión acusados de "homicidio muy especialmente agravado" por el caso de 28 uruguayos detenidos-desaparecidos durante el gobierno de facto.

El Código Penal prevé 20 años de vigencia para el delito de homicidio, que es el más grave, y el plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses.

Chargoña admitió hoy que el delito de lesa humanidad fue incluido en el Código Penal uruguay recién en 2006 y no tiene efecto retroactivo, pero recordó que "ya en la década del 70 Uruguay estaba obligado a perseguir crímenes de lesa humanidad por el derecho internacional"

La SCJ ha aclarado que la sentencia por el caso contra Gavazzo y Arab es solo aplicable a ese proceso y no genera jurisprudencia, un mecanismo inexistente en el ordenamiento legal nacional.

Sin embargo, el temor de las familias de las víctimas y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos es que en sus nuevos pronunciamientos la corte suprema mantenga el 1 de noviembre como fecha de prescripción.

Ante esa posibilidad, el abogado remarcó la importancia de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por el caso Gelman, de marzo pasado, "que ordena a la justicia no aplicar normas de prescripción en caso de graves violaciones de derechos humanos".

"Si se entiende que el delito está prescrito, tendiendo en cuenta que es un delito de lesa humanidad, se estaría incumpliendo la sentencia" de la Corte IDH por la desaparición de María Claudia García y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta respectivamente del poeta argentino Juan Gelman, advirtió.