Desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico irregular de personas

Santander, 22 ene.- La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado dedicado al tráfico irregular de personas, que traía a Cantabria a ciudadanos marroquíes y les tramitaba el permiso de residencia en España usando a mujeres latinoamericanas nacionalizadas españolas como supuestas parejas de esos hombres.

El desmantelamiento de este grupo, con 25 detenidos, ha provocado la propuesta de extinción de un gran número de tarjetas concedidas con documentación fraudulenta y la anulación de las que se encontraban en trámite, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

La investigación comenzó hace un mes cuando la Oficina de Documentación de Extranjeros apreció que numerosas solicitudes de residencia tenían el patrón común de que eran solicitadas por ciudadanos marroquíes que nunca había visitado España, pero que alegaban tener familiares comunitarios.

Sus supuestas parejas eran mujeres, en su mayoría de origen latinoamericano y nacionalizadas españolas, y todos estaban empadronados en el mismo ayuntamiento y hacían constar que trabajaban para los mismos empleadores.

Ante estas coincidencias el Grupo Operativo de Extranjeros comenzó una investigación que concluyó el pasado lunes, 19 de enero.

Según ha explicado la Policía Nacional, la forma de operar era que los hombres esperaban fuera de España a que se les asignará una pareja y luego viajaban a Cantabria y hacían los trámites para obtener la tarjeta de residencia.

Este documento les servía para residir y trabajar legalmente en Francia, siendo difícil de comprobar su situación de residencia por parte de las autoridades de ese país.

El encargado de captar a estos hombres era un ciudadano marroquí que colaboraba con una mujer ecuatoriana, que buscaba entre el círculo de personas venidas desde su país, a chicas nacionalizadas como ella, dispuestas a ganar dinero fácil y rápidamente.

Según la Policía Nacional, las ofrecían unos 3.000 euros, por permanecer inscritas en el Registro de parejas de hecho durante al menos tres años.

También buscaba a los empleadores que les hicieran un contrato laboral ficticio, que justificara en el caso de las mujeres nacionales, que tenían capacidad económica para hacerse cargo de su pareja extranjera.