Discapacidad. Cocarmi denuncia que la generalitat debe más de 82 millones de euros a las entidades catalanas de la discapacidad

El Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi), máximo representante del movimiento asociativo de la discapacidad en Cataluña, calcula que la deuda acumulada por la Generalitat desde el ejercicio 2011 con las entidades que trabajan con las personas con discapacidad supera los 82 millones de euros. De esta cifra, la mayor parte de la deuda, casi 41 millones, corresponde a programas del departamento de Bienestar Social.
El segundo lugar del ranking lo ocupa el departamento de Empresa y Empleo, que acumula una deuda de 38,6 millones de euros, vinculados a programas y servicios que favorecen la inserción laboral de las personas con discapacidad, tanto al mercado de trabajo ordinario, como al mercado protegido a través de los Centros Especiales de Trabajo (CETs).
El presidente del Cocarmi, Antonio Guillén, señaló hoy que "desgraciadamente esto está teniendo como consecuencia una reducción de los servicios, la pérdida de calidad de éstos, la paralización de adjudicación de plazas en los servicios asistenciales, el aumento de las listas de espera, unas mayores cargas para las familias, limitar la creación de puestos de trabajo y, en definitiva, un creciente riesgo de exclusión social y laboral de las personas con discapacidad".
Guillén lamenta que "los avances conseguidos en las últimas décadas en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, después de mucha lucha, se están diluyendo" y añade que, de continuar así, "costará muchos años volver a los niveles de servicios anteriores a la crisis", unos niveles que, a pesar de no ser los ideales, "fueron toda una conquista".
Según informan desde Cocarmi, se envió en marzo una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la que le recordaba la grave situación financiera que arrastran las entidades y las personas con discapacidad desde que estalló la crisis.
Asegura que esta nueva reclamación, que todavía no ha obtenido respuesta, se suma a la del pasado mes de octubre, cuando se anunció un nuevo aplazamiento parcial de los pagos, y en la cual ya se denunciaba que se ponía en riesgo la calidad de los servicios y que, incluso, podía llevar al cierre de entidades. Además, se pedían vías de financiación en condiciones favorables y que la Generalitat asumiera el coste financiero derivado de los impagos.
Ante esta situación, el Cocarmi sigue pidiendo un calendario de pagos y recuperar la normalidad para continuar trabajando en el desarrollo de políticas de inclusión para las personas con discapacidad y/o trastorno mental de Cataluña.