Discapacidad. Cocemfe pide el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) pidió este jueves, víspera del Día de las Naciones Unidas, que se pase "de las palabras a los hechos" y se reconozcan de manera efectiva los derechos de los ciudadanos con discapacidad, ya que aún hay "muchos países" donde estos derechos no son una realidad.
"Todavía hay muchos países donde los derechos de las personas con discapacidad no están reconocidos", explica el presidente de la entidad, Mario García, en un comunicado.
Por eso, prosigue, después del proceso de ratificación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Protocolo Facultativo, "es necesario pasar de las palabras a los hechos, del plano formal a la aplicación real de lo que esta convención significa".
Y para hacerlo, García está convencido de que hay que trasladar a las legislaciones nacionales y a las políticas de todas las administraciones los derechos de las personas con discapacidad "de manera efectiva y con garantías para su completo ejercicio".
En este sentido, la entidad apunta que en España, aunque la renovación normativa ha sido muy destacada para dar cumplimiento a los preceptos de la Convención de Naciones Unidas, "todavía quedan tareas pendientes y sobre las que hay que actuar prioritariamente para incorporar el punto de vista inclusivo y el respeto a los derechos humanos".
"Especialmente, en nuestro país y en momentos en que lo conseguido por el colectivo de personas con discapacidad, como es el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), corre peligro por falta de los recursos públicos necesarios para su sostenimiento, es necesario defender los derechos conseguidos y reivindicar que se continúe avanzando en cuestiones pendientes", declara Mario García.
Entre esas "cuestiones pendientes" cita la "imprescindible" renovación de las normativas regionales y locales en cuestiones como la accesibilidad o la educación inclusiva y el cumplimiento estricto por las distintas administraciones de los plazos que las normas, especialmente la Ley General de la Discapacidad, establecen en materia de accesibilidad e inclusión social.