Discapacidad. El cermi pide a la defensora del pueblo que recurra la lomce ante el constitucional

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido a la oficina del Defensor del Pueblo que plantee recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), por no garantizar la educación inclusiva con apoyos del alumnado con discapacidad.
Y es que, recordó el citado comité en un comunicado, la Lomce no garantiza esta formación con apoyo, pese a que obliga a ello la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que España es parte.
En un escrito presentado ante la institución que preside Soledad Becerril, el Cermi expone los argumentos jurídico-constitucionales que, a su juicio, fundamentan la necesidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad, ya que "la Lomce no ha dado cumplimiento al bloque de constitucionalidad que se deriva de la ratificación por España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".
"A pesar de las demandas del movimiento social de la discapacidad a lo largo de la tramitación de la iniciativa normativa, la ley finalmente aprobada por el Parlamento entra en conflicto claro con los mandatos de educación inclusiva contenidos en el tratado de derechos humanos de la discapacidad de Naciones Unidas", argumenta el Cermi.
En concreto, apunta, la Lomce no ha terminado con la segregación educativa por razón de discapacidad que se mantiene en el ordenamiento jurídico español, que supone la existencia de unas estructuras de educación especial, distintas a las generales del sistema formativo, en las que se obliga a escolarizar a una parte del alumnado con discapacidad.
Esta segregación educativa por motivos de discapacidad, asegura la plataforma, "es discriminatoria y contraria a las obligaciones internacionales asumidas por España".
La Lomce, prosigue, tampoco ha suprimido la potestad que la legislación vigente concede a las administraciones educativas que son las que en última instancia deciden sobre la modalidad de escolarización, ordinaria o especial, del alumnado con discapacidad, lo que contraviene la libertad de elección que la Convención de la ONU garantiza a toda persona con discapacidad.
Por todas estas razones, el Cermi espera que la oficina que dirige Soledad Becerril haga suyas estas consideraciones y plantee recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce por no garantizar el derecho a una educación inclusiva.