Discapacidad. Reclaman la promoción profesional de personas con discapacidad en el ámbito público

Diversos expertos en empleo han reclamado hoy la promoción de personas con discapacidad en el ámbito público más allá de las cuotas de reserva, como una apuesta firme para su inclusión real y el impulso de su carrera profesional en la Administración.
Así lo han señalado durante la jornada ‘Empleados públicos con discapacidad: apoyos para una inclusión efectiva’, organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, encargada de inaugurar el encuentro, aseguró que el “Gobierno impulsará la participación de personas con discapacidad en los tribunales y órganos de selección de la Administración Pública”.
Camarero insistió en que el compromiso del Gobierno “no es solo con el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, sino con mejorar sus condiciones de trabajo y su carrera profesional”. Desde su punto de vista, “un trabajo retribuido es el recurso más eficaz para la independencia y autonomía de las personas con discapacidad y para alcanzar una igualdad real y plena”.
El presidente de CSI-F, Miguel Borra, afirmó que uno de los principales objetivos de la institución es “conseguir la no discriminación y la igualdad de oportunidades” porque, remarcó, “lo llevamos en el ADN” y “queremos ser referentes para los empleados públicos con discapacidad”.
Borra destacó además la importancia de colaboraciones como la existente entre el Cermi y el CSI-F, que sirven para reflejar la realidad de las personas con discapacidad en las administraciones públicas y funcionar como “altavoz” del colectivo.
Según Borra, los recortes han tenido "mayor influencia entre los empleados públicos con discapacidad” pero, puntualizó, “las políticas públicas no pueden quedar solo en el acceso a la administración sino que tienen que abarcar toda la vida laboral”, punto en que llamó la atención sobre el objetivo de que los empleados públicos con discapacidad tengan el mismo régimen de jubilación que el resto.
Por su parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, afirmó que el empleo es un tema preferencial para el movimiento asociativo, aunque reconoció que “se ha puesto el foco en el acceso al empleo público y no en el proceso posterior”, que abarca aspectos como las condiciones laborales del empleado público con discapacidad o las políticas de conciliación.
Pérez Bueno señaló además que “la discapacidad es cada vez menos originaria y más sobrevenida” y “se pueden dar muchos casos de empleados públicos que adquieran discapacidad posteriormente” por lo que lamentó que “las políticas no estén contemplando bien estos factores”.
BARRERAS
Manuel Arenilla, director del Instituto Nacional de Administración Pública (Inap) señaló que aunque en España “está prácticamente resuelto el problema del acceso a la Administración Pública de las personas con discapacidad”, no se da de forma equitativa en el conjunto de las administraciones.
Arenilla explicó que en existen además “muchas barreras a las capacidades distintas”, así como obstáculos de carácter legal o derivados de la ausencia de personas con discapacidad en los tribunales de selección. Desde su punto de vista, “hay que preguntarse si es adecuado un sistema de selección basado solo en el conocimiento, que deja fuera no solo a personas con discapacidad sino a otros grupos, como a las personas con dificultades de carácter cognitivo”.
José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU tomó como ejemplo el caso de Reino Unido, que aún no teniendo una reserva de cuota legal, es el país de la UE con mayor número de personas con discapacidad en la administración, con un 11,9%. Así, se refirió a la necesidad de poner en marcha prácticas como la mayor flexibilidad de las pruebas de acceso o la formación específica en los tribunales de selección en materia de igualdad de oportunidades, que respondan a la necesidad del “compromiso para la efectiva inclusión de las personas con discapacidad”.
Ángel Melchor, subdirector general de Relaciones Laborales de la Dirección General de la Función Pública, llamó la atención sobre el hecho de que exista “un porcentaje importante de plazas para personas con discapacidad no cubiertas”, que en los últimos años llega al 40%, algo que, según Melchor, “aumenta especialmente en el caso de personas con discapacidad intelectual”. Desde su punto de vista, es necesario “mantener los cupos de reserva”, pero también “establecer medidas para que estos cupos se cumplan efectivamente”. La mayor parte de las personas con discapacidad que acceden al empleo público, continuó, “lo hacen en los menores niveles de titulación”, por lo que urge “establecer un cupo de reserva dirigido a cuerpos y escalas de titulaciones determinadas”, así como “incrementar el conocimiento y el seguimiento sobre la realidad de los empleados públicos con discapacidad para adoptar las medidas oportunas”.