Doce campesinos enjuiciados por matanza que causó caída de Lugo en Paraguay

Julia R. Arévalo

Asunción, 9 oct.- Doce campesinos paraguayos afrontarán un juicio oral por homicidio doloso y otros delitos en la causa por la matanza de Curuguaty, que en junio de 2012 provocó la destitución del entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

Una jueza de Curuguaty (nordeste) resolvió hoy elevar a juicio oral la causa contra las doce personas acusadas de la muerte 17 policías y labriegos en un enfrentamiento y sobreseer el caso contra otros tres por falta de pruebas, tal y como había solicitado la Fiscalía.

La jueza Yanine Ríos puso fin así a una audiencia preliminar que originalmente se fijó para el 14 de febrero, comenzó a principios de junio y se repitió a mediados de julio, sin que la defensa consiguiera imponer ni uno sólo de sus múltiples argumentos de nulidad.

Como observó complacido el fiscal, Jalil Rachid, la jueza "consideró que existían argumentos que incriminaban a este grupo de personas" y que la acusación "reunía los requisitos formales".

Rachid destacó a la prensa que Ríos admitió todas las pruebas presentadas, también las de la defensa, mientras a su alrededor se oían gritos de "corrupto".

"En ese sentido, (los defensores) no pueden quejarse", se jactó el fiscal, que confió en que durante el juicio oral "no se repitan este tipo de interrupciones procesales" de la defensa.

Casi todos los campesinos, tres de ellos mujeres, están acusados de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble por la muerte de seis policías y once labriegos en un enfrentamiento el 15 de junio de 2012, durante una operación de desalojo en una hacienda de Curuguaty cuya propiedad se disputan un empresario y el Estado.

Según el fiscal, los campesinos emboscaron a los policías, pero la defensa mantiene que se obviaron líneas de investigación sobre presuntos abusos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, por parte de los agentes.

La defensa apuró al máximo cada audiencia para ir presentando toda una serie de argumentos para pedir la nulidad, además de demandar la recusación tanto de Rachid como de Ríos por "parcialidad manifiesta".

Los defensores adujeron desde presentación de pruebas falsas e indebidamente listadas a ambigüedades en la argumentación del acta de acusación y defectos procesales diversos, además de pedir la resolución de la propiedad de la hacienda -pendiente en otro juzgado- antes de que prosiguiera la causa penal.

Uno de los abogados defensores, Vicente Morales, reiteró este miércoles que Ríos "ha obrado de manera parcial" e insistió en que la audiencia debió ser nula porque ha estado plagada de "aberraciones".

Según Morales, se han producido "más de 25 violaciones del debido proceso" y hoy la jueza ni siquiera permitió que la defensa presentara un nuevo escrito de incidencia para pedir la nulidad, pues reinició la audiencia comunicando su fallo.

"Algunas cosas tendrían que haberse depurado en esta audiencia y no ocurre", declaró el otro integrante del equipo de la defensa, Guillermo Ferreiro, para quien "el problema es que ellos están por atropellarlo todo".

La audiencia preliminar se ha desarrollado en el Palacio de Justicia de Asunción -y no en Curuguaty- por motivos de seguridad y este miércoles la jueza resolvió trasladarla a una sala más pequeña, lo que dejó fuera a la prensa.

La diputada Karina Rodríguez, del grupo izquierdista Avanza País, censuró esa decisión y calificó de "lamentable" el fallo de Ríos y que "no se haya garantizado un proceso justo".

"El Poder Judicial nos da una clara señal de que aquí hay otros intereses en juego, era previsible, porque ya había un prejuicio. Ojalá en el juicio podamos desdecirlo y finalmente este proceso termine", observó a Efe la diputada.

Para Amnistía Internacional, el caso se ha convertido "en un gran reto en materia de derechos humanos" para Paraguay, mientras que la Coordinadora de Derechos Humanos del país repudió la decisión de Ríos de enjuiciar a los campesinos.