Así lo recoge el acuerdo de coordinación institucional que han firmado este viernes el conseller de Educación y Universidad, Martí March, y el fiscal delegado de Menores de Baleares, José Díaz Cappa, con el que se pretende garantizar la protección de los derechos de los menores.
Las funciones encomendadas a la Fiscalía van más allá de los aspectos puramente penales, y alcanzan más supuestos, a menudo relacionados con aspectos civiles y administrativos, vinculados a la protección de los derechos de los menores, fundamentales o no, que implican el fiscal y lo obligan a ser su máximo valedor. Por eso, es imprescindible poner en su conocimiento todas las situaciones que pueden requerir su intervención, la mayor parte de las cuales se produce, se manifiesta o se conoce en estos centros.
Con el objetivo de hacer efectiva esta obligación legal, la Conselleria de Educación y Universidad hará llegar a todos los centros educativos de Baleares una relación de supuestos que afectan los menores escolarizados que los centros tienen que comunicar a la Fiscalía.
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