Educación. La lomce inicia su trámite parlamentario con toda la oposición en contra

Los grupos parlamentarios del PSOE, Izquierda Plural (IU, ICV y CHA), PNV, CiU y UPyD y una mayoría de partidos del grupo Mixto pidieron este miércoles la retirada del Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), contra el que todos ellos presentaron enmiendas de totalidad.
Así lo expusieron en la Comisión de Educación del Congreso, donde hoy empezó a debatirse el proyecto de ley con las comparecencias de representantes de los sindicatos docentes FETE-UGT, FE-CCOO, CSIF Y USO; de las asociaciones de padres Cofapa y Ceapa, y de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Según el diputado socialista José María Barreda, esta norma consta de “una financiación confusa e insuficiente” y promueve un modelo “segregador y elitista” que “rompe con la equidad y la igualdad de oportunidades”.
“Serán los centros quienes seleccionarán a los alumnos”, indica la enmienda del PSOE, con lo que “se va a derivar una parte importante de los recursos disponibles hacia centros concertados”, de modo que “será la escuela pública la que integre a los estudiantes más vulnerables o en riesgo de exclusión”.
Barreda también subrayó que el nuevo “sistema selecciona y segrega a los alumnos mediante reválidas, obstáculos, evaluaciones y elección de itinerarios a edades muy tempranas”, con el único objetivo de “desviar a alumnos a Formación Profesional desde la ESO y desde el Bachillerato.
Además, en la Lomce se eliminan los programas de educación compensatoria y atención a la diversidad “abandonando a los más vulnerables o derivándolos a itinerarios que en la práctica serán irreversibles”.
En su discurso, la diputada de Izquierda Unida, Caridad García, lamentó que la Lomce parte de un supuesto “ideológico” contrario a la igualdad de oportunidades.
En su opinión, se trata de “una contrarreforma que se impondrá a la comunidad educativa”, puesto que no se ha dialogado con ella a la hora de su elaboración.
García criticó también que la nueva ley “devalúa la FP”, y que supone “un desprecio y un ataque directo a la escuela pública”, de la que retrae recursos para conceder más “privilegios” a la concertada.
Por su parte, UpyD lamentó que la Ley se ha quedado “muy corta en sus reformas”, que aunque van “en la buena dirección, resultan claramente insuficientes”.
A su juicio, el número de asignaturas sigue siendo excesivo, una parte muy elevada del temario continúa en manos de las Comunidades Autónomas” y el tratamiento de las enseñanzas artísticaas y de la Filosofía queda muy deteriorado.
Aumentan las “facilidades a la red concertada y privada”, en lugar de aprovechar esta oportunidad para reforzar a la pública, agregó.
Las tres formaciones coincidieron asimismo en criticar la supresión de Educación para la Ciudadanía y, sobre todo, la recuperación de una asignatura alternativa obligatoria a Religión.
Para UpyD, resulta “incomprensible” que una materia “confesional vuelva a ser puntuable en el currículum.
García y Barrera se mostraron de acuerdo con los grupos nacionalistas en lamentar “la invasión de competencias autonómicas” que a su juicio supondrá la nueva ley.
El nuevo reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas a la hora de diseñar el currículum, el control de las evaluaciones externas de fin de etapa y el diseño de la nueva FP atentan contra la autonomía del sistema educativo vasco e “ignoran” su realidad, señaló el PNV.
En la misma línea, el portavoz de CiU, Martín Barbera, aseguró que esta ley supone “un ataque frontal al modelo de inmersión lingüística de Cataluña”, al obligar a la Generalitat a sufragar la escolarización en castellano en centros privados a aquellos alumnos que no lo consigan en la red pública o concertada (el estado asumirá la matrícula y después lo detraerá de la financiación autonómica).
Según Barbera, la Lomce también supone una agresión a las competencias de la Generalitat en el ámbito educativo, e impide “cualquier especialización” de los centros, pues en realidad no deja horario sobre el que decidir.
Estas mismas referencias aparecen en las enmiendas de Esquerra Republicana, ICV y PSC, que consensuaron una parte de su texto para defender el modelo educativo catalán, que “garantiza que los alumnos conocen ambas lenguas al terminar secundaria”.