Educación. Los rectores alertan de que la nueva ley dificultará la movilidad de universitarios entre autonomías

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, criticó este miércoles la desaparición de la Selectividad prevista en el Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ya que, a su juicio, implicará la “ruptura del modelo de distrito único con validez en todo el territorio nacional” de cara al ingreso en estas instituciones.
Así lo manifestó durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso, donde hoy empieza a debatirse la Lomce con la intervención de representantes de asociaciones de padres, sindicatos y patronales de la enseñanza.
Según De la Calle, el procedimiento de acceso a la universidad debería ser “universal, general, válido en todo el Estado y acorde a los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior”.
A su juicio, el cambio propuesto en la Lomce “supondrá una discriminación a los alumnos con menos recursos y dificultará la movilidad entre comunidades autónomas”.
La norma prevé que la nota de la evaluación de final de Bachillerato sea el principal criterio de acceso a la universidad, y permite a estas instituciones implantar sus propias pruebas (exámenes, entrevistas, mayor ponderación de ciertas materias...), en función de la demanda de sus titulaciones.
“Los estudiantes con menos recursos tendrán más dificultades para desplazarse a otra ciudad a realizar varias pruebas”, apuntó De la Calle, quien señaló que la existencia de distintos criterios perjudicará, asimismo, a quienes viven en una Comunidad con una única universidad pública y favorecerá a los que habitan en regiones con las convocatorias extraordinarias de Bachillerato (las recuperaciones) en junio, “dada la disparidad de calendarios escolares”.
Además, recordó que la Lomce permite a las universidades valorar la experiencia académica y profesional previa”, y se preguntó “cuáles” serán esos conocimientos y “cómo” se acreditarán.
También inquirió quién decidirá los procedimientos extraordinarios (aparte de la evaluación de Bachillerato), si las universidades o las comunidades autónomas. Por ello, exigió que si finalmente se autorizan estas pruebas particulares, sus resultados sean “reconocidos por todas” y “se elaboren “unos criterios homogéneos en el Consejo de Universidades”.
Asimismo, reclamó la presencia de profesores universitarios en el diseño de las evaluaciones de fin de etapa de Bachillerato, con el objetivo de que estas “sean homogéneas” y se exijan contenidos acordes con los temarios de la universidad.
Finalmente, defendió que ambas peticiones se recojan en el texto de la ley y que no se “fíen” al desarrollo del reglamento.