El cermi pide que se establezca un cupo de reserva para profesionales sanitarios con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha propuesto una modificación normativa para establecer un cupo de reserva para personas con discapacidad en el acceso a la formación sanitaria especializada, con el objetivo de extender el cupo de reserva existente en estos procesos selectivos, previsto para el acceso al empleo público.
Así, el Cermi busca que en las convocatorias para el acceso a la formación sanitaria especializada, se reservará un cupo no inferior al 7% de las plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen el proceso selectivo, acrediten la discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las funciones correspondientes a la especialidad que se opta, tal y como establece la Liondau.
Además, propone que las convocatorias se rijan por los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas, estableciéndose medidas tales como: adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo; exención de pago de las tasas por derechos de examen; y adaptación de los programas formativos.
En este sentido, el Cermi plantea que la Administración Pública competente adopte, una vez superado dicho proceso, las adaptaciones y ajustes razonables en el puesto de formación a las necesidades de las personas con discapacidad.
Por ello, con el objetivo de extender el cupo de reserva, previsto para el acceso al empleo público, a los procesos selectivos para la formación especializada sanitaria, el Cermi considera que “si bien el proceso selectivo para acceder a este tipo de formación no garantiza un puesto profesional sanitario, la superación del mismo y del proceso formativo sí constituye un requisito absolutamente ineludible para el ejercicio profesional de las distintas especialidades sanitarias”.
Según el Cermi, la propuesta se ha inspirado en el acervo jurídico existente de la Ley del Estatuto del Empleado Público, por lo que el 7% propuesto es coherente con la modificación del Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.