México, 9 ene.- El Congreso mexicano publicó hoy una ley que obliga al Estado a proteger y reparar a las víctimas de la violencia, que había sido objetada por la anterior Administración encabezada por Felipe Calderón.
La publicación en el Diario Oficial se produjo después de que el presidente Enrique Peña Nieto desistiera de un recurso contra la iniciativa presentado ante la Suprema Corte por su antecesor, Felipe Calderón, al considerar que tenía vacíos jurídicos que era necesario superar.
Peña Nieto, quien hoy mismo promulgará la ley, anunció el 1 de diciembre pasado, cuando asumió la jefatura de Estado, que desistiría de la demanda para que la iniciativa fuera publicada tal y como fue aprobada por el Legislativo y lo hizo solo cuatro días después.
Aunque admitió que la ley es perfectible, destacó la necesidad de garantizar cuanto antes los derechos de las víctimas a través de esta iniciativa y convocó a los distintos actores a mejorarla más adelante.
La nueva ley, que había sido aprobada por el Congreso desde abril pasado tras un largo proceso de trabajo con organizaciones de víctimas de la violencia, obliga al Estado a proteger, dar asistencia y reparar de manera integral el daño a las personas que sufran ataques de la delincuencia o abusos de las autoridades.
La iniciativa prevé la adopción de medidas para promover, respetar, proteger, garantizar los derechos de las víctimas, además de implementar los mecanismos para que las autoridades cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación.
La reparación integral comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, señala el texto.
Dichas medidas, apunta, serán adoptadas a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos.
La ley también establece la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas 90 días después de la entrada en vigor de la iniciativa, que contará con una comisión ejecutiva en la que estarán representadas las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
La ola de violencia vinculada al crimen organizado causó unas 70.000 muertes durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), que lanzó un combate frontal contra los carteles de las drogas en el que los militares jugaron un papel fundamental.
Peña Nieto mantendrá a los militares en las zonas más conflictivas del país, pero pondrá el énfasis en la seguridad ciudadana y en el trabajo de inteligencia para avanzar en la lucha contra el crimen.
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