"Lágrimas silenciosas, sin aspavientos", afirma Maximiliano Diego, cardiólogo que ejerce en Salamanca (noroeste de España), sobre este padre de familia que, como consecuencia, sufrió un segundo infarto grave.
"Lloraba de miedo ante la proximidad de la muerte (...) pero sobre todo lloraba de vergüenza, al tener que mentir a su médico porque no se atreve a reconocer que no tiene suficiente para pagar el tratamiento", escribió en un artículo publicado en la web de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.
Es sólo un ejemplo del costo humano de las políticas de austeridad que arruinaron al que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había clasificado en 2000 como el séptimo mejor sistema de sanidad del mundo. Un tema de preocupación de cara a las elecciones legislativas del 20 diciembre.
"Hemos visto un aumento en las listas de espera, un deterioro de la calidad de los servicios, y una fuerza de trabajo diezmada que denuncia su agotamiento", afirma Helena Legido-Quigley, experta en la salud pública española de la Saw Swee Hock School of Public Health de Singapur.
Los recortes presupuestarios -de 70.000 millones de euros (77.000 milones de dólares) en 2009 a 53.000 millones de euros en 2014- y un decreto que en 2012 excluyó a los inmigrantes irregulares del sistema general y acabó con los medicamentos gratuitos para los pensionistas provocaron protestas multitudinarias.
Legido-Quigley estima en unas 500.0000 las personas viviendo irregularmente en el país que de repente se vieron privadas de servicios con el fin de la tan loada "sanidad universal" española, que los activistas defienden como un derecho fundamental.
Fue el caso de Rosa Milca Sosa Quijano, una uruguaya de 72 años que vive en España con su hija desde hace 13.
El año pasado fue sometida a una operación cardíaca de emergencia -las urgencias siguen abiertas a las personas sin tarjeta sanitaria- pero no puede recibir el tratamiento de seguimiento que necesita.
"No tengo más nadie", dice entre sollozos a la AFP. "Yo soy como una persona invisible para la sociedad", añade.
Manuel Espinel, doctor de urgencias en un hospital público madrileño, afirma haber recibido a pacientes con enfermedades avanzadas que podrían haber sido curadas de forma más barata de haber sido tratadas desde el principio.
Como un hombre con tuberculosis que "tuvo que estar diez días en cuidados intensivos, más los otros días de hospitalización en planta". Esto "multiplicaba por veinte o treinta los costes", afirma.
Pero para Legido-Quigley lo más preocupante fue la instauración del "copago", que por primera vez hizo pagar a los pensionistas por sus medicamentos y aumentó el costo para los trabajadores.
Algunos médicos empezaron a "negociar con los pacientes la medicación que les recetaban porque éstos no podían pagarlo todo", explica.
"Hubo un paciente que murió porque no pudo permitirse la medicación necesaria tras ser sometido a un transplante", afirma.
Inclusive, personas con acceso al sistema de salud pública y medios económicos para permitirse el copago se vieron afectadas.
"Teníamos pacientes en urgencias dos o tres días porque no podían subir a planta, ya que estaban cerradas porque no contrataban enfermeras o personal", afirma Espinel, cuyo salario sufrió un recorte del 20% al tiempo que aumentaban sus horas de trabajo.
El gobierno conservador de Mariano Rajoy afirma que estos recortes, y otros en servicios como la educación, eran necesarios para sacar al país de la crisis: un ahorro de 150.000 millones de euros desde principios de 2012 a finales de 2014.
El impacto en la salud pública no fue sin embargo tan devastador como se temía: indicadores claves como la mortalidad neonatal o materna descendieron en los últimos años, según la OMS.
Con la reactivación económica parece que lo peor ya ha pasado y el ejecutivo promete ahora reabrir la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles, al tiempo que profesionales y pacientes esperan un cambio.
"Nunca antes, en muchos años de ejercicio profesional, nos habíamos encontrado con algo así", dice Diego recordando al paciente que cesó su tratamiento. "No es él quien tiene que llorar de vergüenza", advierte.
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