El fiscal norirlandés pide acabar con las investigaciones sobre el conflicto

Dublín, 20 nov.- El fiscal general de Irlanda del Norte, John Larkin, afirmó hoy que las autoridades de la provincia británica deben poner punto final a las investigaciones sobre los delitos cometidos durante el pasado conflicto armado.

En unas declaraciones a la cadena BBC, Larkin aseguró que la propuesta no representa la concesión de una "amnistía formal" sino que es la consecuencia "lógica" de la firma del Acuerdo de paz del Viernes Santo el 10 de abril de 1998.

Todos los delitos cometidos antes de esa fecha por los grupos paramilitares católicos y protestantes, la Policía o el Ejército deberían archivarse, apuntó el fiscal sobre un conflicto que causó más de 3.500 víctimas mortales durante tres décadas de enfrentamientos.

"Han pasado más de 15 años desde el Acuerdo y ha habido muy pocos enjuiciamientos. Cualquier abogado criminalista competente sabe que las posibilidades de lograr condenas se reducen, quizás de manera exponencial, con el paso de los años", señaló Larkin.

En caso de que su propuesta prosperase, las autoridades correrían un velo sobre atrocidades como el atentado perpetrado por el ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA) en la localidad de Enniskillen, que acabó con la vida de once personas en 1987.

También interrumpiría las pesquisas iniciadas por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) para investigar el asesinato de 14 manifestantes a manos del Ejército británico en 1972 en la ciudad de Derry, en el llamado "Domingo Sangriento".

Larkin recordó hoy que el Acuerdo del Viernes Santo establece que las armas entregadas o inutilizadas de los paramilitares no pueden ser sometidas a un examen forense para obtener pruebas en procesos penales.

En virtud de ese texto, la legislación vigente también contempla penas de cárcel muy reducidas, de un máximo de dos años, para cualquier condenado por un asesinato perpetrado durante el conflicto.

En este contexto, insistió el fiscal, las autoridades no tienen "buenas herramientas" para llevar ante los tribunales a los paramilitares implicados en delitos graves.

Sus palabras han generado una gran polémica en la provincia británica y en la República de Irlanda, donde su viceprimer ministro, el laborista Eamon Gilmore, consideró que la propuesta perjudica a las víctimas.

El mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP), partidario de la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido, aseguró hoy que las víctimas "tienen derecho a obtener justicia".

"No hay nación en el mundo hoy donde el asesinato no sea un delito, no se puede decir que un asesinato no es un delito, lo es. Hay 3.000 asesinatos sin resolver en Irlanda del Norte", declaró el parlamentario del DUP Jeffrey Donalson.

También el moderado Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP, nacionalista) criticó hoy las declaraciones de Larkin, a quien recordó que lo que propone es una "amnistía" en toda regla.

"La opinión a nivel internacional, sostenida también por Naciones Unidas, es que la concesión de una amnistía general no es el camino a seguir tras un conflicto", dijo el diputado del SDLP Alban Maginness.