Las Palmas de Gran Canaria, 30 ago.- El Gobierno de Canarias "será respetuoso con la legalidad" al aplicar la nueva regulación de la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, pero "no dejará de atender a nadie que lo necesite", según ha anunciado hoy su viceconsejero portavoz, Martín Marrero.
El Gobierno de Canarias se sumó ayer a los del País Vasco, Andalucía y Asturias en un comunicado conjunto en el que expresan su desacuerdo con la retirada de medicamentos de la financiación pública y con "implantación de un sistema de aseguramiento ya superado en España que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles" y "a extranjeros que residen en España".
Al término de la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Marrero ha censurado la poca información que, a 48 horas de la entrada en vigor de las nuevas medidas (el próximo sábado, 1 de septiembre), tienen las autonomías sobre el nuevo marco legal, más allá de las declaraciones que ha hecho la ministra, Ana Mato.
El portavoz del Gobierno canario ha dicho que, en estos momentos, desconocen cuántas personas se verán afectadas por la nueva regulación, pero ha recalcado que la sanidad "es un derecho universal, fundamental y básico para la cohesión social".
Marrero ha asegurado que, en Canarias, la sanidad pública "no dejará de atender a nadie que lo necesite", no solo por un "principio de humanidad", sino también por los criterios éticos a los que están sujetos los profesionales médicos.
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