El parlamento europeo refuerza la seguridad de las prótesis mamarias


El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución por la que reclama controles más estrictos a las prótesis mamarias. Entre las medidas aprobadas destaca la creación de un registro de prótesis mamarias y un sistema de autorización de venta en toda la Unión Europea. Asimismo, se llevará a cabo una mejor trazabilidad de estos productos, según informa el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


El objetivo de esta resolución es evitar que se repita una situación como la producida por los implantes mamarios defectuosos Poly Implant Prothèse (PIP), retirados del mercado en 2010.
La resolución, que presentaron de forma conjunta los principales grupos del Europarlamento, recoge las principales propuestas impulsadas por España en el ámbito europeo. De hecho, el registro de prótesis, una de las principales novedades, ya está en marcha en España.
En concreto, la resolución recomienda que se registren en toda la UE los detalles de cada intervención con implantes mamarios, en forma de un registro nacional de implantes obligatorio en cada Estado Miembro, y similar al que España ha comenzado a elaborar, en colaboración con la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
El plan de actuaciones de la Comisión Europea recoge una mayor armonización del funcionamiento de los Organismos Notificados. La resolución del Parlamento Europeo incluye una petición para que lleven a cabo inspecciones al menos una vez al año en toda la cadena de suministro, así como en determinados suministradores, sobre todo en lo que respecta a productos sanitarios de mayor riesgo.
También se incrementará el control de mercado de los productos sanitarios, se mejorará la coordinación y se apostará por la comunicación y la transparencia.
Se calcula que en todo el mundo se comercializaron unas 400.000 prótesis PIP, y en España fueron implantadas a 18.000 mujeres. Estos implantes, de fabricación francesa, fueron retirados del mercado el 30 de marzo de 2010 por las autoridades del país galo, quienes notificaron esa medida a todas las autoridades nacionales de la UE.

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