El senado aprueba definitivamente la primera ley de tejerina como ministra de medio ambiente

El Pleno del Senado aprobó esta tarde la reforma de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, la primera norma que ve la luz con Isabel García Tejerina como ministra de Medio Ambiente, después de que la mayoría absoluta del PP rechazara las cuatro propuestas de veto y las 50 enmiendas presentadas, de manera que el texto pasa definitivamente al Boletín Oficial del Estado (BOE).
La nueva Ley de Responsabilidad Medioambiental, que reforma la norma de 2007, entró en el Senado el pasado 3 de junio y llegó este miércoles al Pleno de la Cámara Alta después de que la ponencia aceptara el texto del Congreso de los Diputados, con la inclusión de correcciones técnicas y gramaticales, y la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático desestimara todas las enmiendas propuestas por los grupos parlamentarios.
La Ley de Responsabilidad Ambiental amplía el concepto de daño ambiental a las aguas en las actuaciones que se realicen mar adentro relativas a la extracción de petróleo o de gas. De esta forma, las operaciones relativas al petróleo y al gas en aguas marinas se realizarán con mayores niveles de seguridad, después de que el almacén subterráneo de gas natural conocido como ‘Castor’ se paralizase el pasado 26 de septiembre tras detectarse un incremento de movimientos sísmicos frente a las costas de Castellón.
No obstante, la norma exime a las empresas de contratar un ‘seguro verde’ cuando desarrollen actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe en menos de 300.000 euros.
De hecho, uno de los principales aspectos debatidos en el Pleno del Senado es que el texto exime a las pequeñas y medianas empresas de contratar un seguro de responsabilidad ambiental para hacer frente a posibles daños medioambientales causados por sus actividades.
“QUIEN PAGA, PUEDE CONTAMINAR”
Así, Miguel Fidalgo (PSOE), Joan Sabaté y Joan Saura (Entesa pel Progrès de Catalunya), y Jesús Enrique Iglesias (IU) esgrimieron el informe del Consejo de Estado al respecto, según el cual solamente 5.470 empresas tendrían que contratar un seguro frente a las 320.000 obligadas por la ley de 2007.
Fidalgo aseguró que la norma “cambia el lema europeo de que ‘quien contamina, paga’ por ‘quien paga, puede contaminar’” y supone “un retroceso” porque “favorece intereses económicos particulares a costa de la protección del medio ambiente”. “El análisis de los riesgos va a tener carácter voluntario, la mayoría de los operadores ni siquiera van a tener que comunicar su actividad y serán ellos los que fijen la cuantía de los riesgos”, añadió.
Sabaté indicó que la nueva ley da “un paso más para desproteger el medio ambiente en España” y que el Gobierno pretende “pasar de un modelo de prevención responsable a un modelo sancionador posterior”.
Subrayó que el texto disuade a los ciudadanos y a las organizaciones ecologistas de denunciar actividades que puedan dañar el medio ambiente porque les exige unos procedimientos que no podrían costear.
Iglesias comentó que la norma “supedita la protección medioambiental a los costes de producción” de las empresas y supone “una renuncia total y absoluta” del control de las administraciones públicas sobre estas actividades.
Además, todos ellos aludieron al hecho de que la actual directiva de la UE sobre responsabilidad ambiental va a ser modificada próximamente y temieron que, tras ello, tenga que ser cambiada la ley española.
PRESTIGE Y AZNALCÓLLAR
Por su parte, la portavoz del PP, Patricia Navarro, afirmó que desde 2007 “no se ha constituido ninguna garantía financiera” que asegure la actividad de las empresas que trabajan en aspectos medioambientales. “Esta reforma no sólo es necesaria, sino también oportuna y ajustada a la realidad y, por ello, aplicable. La ley anterior ha sido un brindis al sol, como otras normas medioambientales”, apostilló.
Navarro aseguró que las empresas “con mayor potencial de causar daños ambientales” deben contratar un ‘seguro verde’, en tanto que todas “tienen una responsabilidad objetiva e ilimitada, así como la obligación de prevenir y reparar los daños medioambientales”.
Indicó que con la nueva ley cambiarían las consecuencias de grandes catástrofes medioambientales como el vertido de fuel del Prestige sobre las costas cantábricas (2002) y el vertido de residuos tóxicos de la mina de Aznalcóllar en el Parque Nacional de Doñana (1998) porque amplía el ámbito de protección a las aguas marinas y la nueva empresa que llevará esta explotación minera “estará obligada a construir un seguro de responsabilidad ambiental”.