El supremo pide permiso al senado para encausar por prevaricación al alcalde de santa cruz de tenerife

El Tribunal Supremo ha remitido un suplicatorio al Senado para poder encausar por prevaricación al senador y alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, al que la Fiscalía acusa de cometer “conscientemente” diversas irregularidades en la adjudicación de un contrato público a una empresa para el acondicionamiento de un edificio que iba a acoger las oficinas municipales.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Juan Saavedra, ha decidido remitir el suplicatorio así como una copia de las actuaciones al presidente del Senado, Pío García Escudero. “Analizado el contenido de la resolución remitida por el instructor, debemos dar curso a la petición de suplicatorio, y, por consiguiente, pedir al Senado autorización para dirigir el presente procedimiento contra Zerolo Aguilar, por el presunto delito de prevaricación”, señala el auto hecho público.
El instructor de la causa, el magistrado del Supremo Luciano Varela, dictó a principios de mes una resolución en la que señalaba que, en virtud de las diligencias de investigación practicadas, considera como “hechos probablemente ocurridos” que el querellado, en su condición de Alcalde de Santa Cruz de Tenerife, decidió “solventar los múltiples reparos” formulados por la Intervención de Fondos municipal “con ocasión de la adjudicación, ejecución y abono de los trabajos llevados a cabo por la empresa IMES SA en el edificio sede del Instituto de Educación Secundaria ‘Hermanos García Cabrera’ para su acondicionamiento como ubicación de las oficinas municipales”.
“La empresa citada había desempeñado trabajos para el Ayuntamiento en virtud de un contrato que tenia por objeto obras de mantenimiento. No obstante las ejecutadas en el edifico antes citado sobrepasaban de manera inequívoca tal concepto”, señalaba en el auto.
El instructor del Supremo indicaba que, “pese a la entidad y elevado coste de las obras, en ningún momento se siguió el procedimiento legalmente exigible para su aprobación, ni se convocó concurso para su adjudicación y contratación”.
“El querellado era plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención. Dicha ilegalidad era nítidamente perceptible por quien se encontrase mínimamente habituado con la actuación administrativa municipal en tal área, más aún por quien fuera alcalde muchos años e incluso tenía la condición de licenciado en Derecho”, subrayaba la resolución.
En base a estos hechos, el Supremo atribuye a Zerolo un delito de prevaricación ya que “dictó diversas resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento del que era alcalde”.