Erc plantea al gobierno 150 preguntas sobre inmigración

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado en el Congreso de los Diputados un total de 150 preguntas dirigidas al Gobierno sobre distintos aspectos de la inmigración en España. Racismo, xenofobia, pobreza, exclusión social, sanidad o residencia y trabajo son algunos de los aspectos sobre los que la formación de izquierda pide pronunciamiento al Ejecutivo.
Con los sucesos de la isla de Lampedusa en mente, el grupo parlamentario dirigido por Alfred Bosch exige del Ejecutivo saber “¿cómo piensa frenar la inmigración procedente de África mientras la Unión Europea practica el expolio neocolonial e incentiva los conflictos armados en los países emisores de inmigración, para defender sus propios intereses económicos?”.
Insiste en aclarar qué hará España en el seno de la Unión Europea para “prohibir la aplicación de leyes de determinados países europeos que penalizan el rescate marítimo, contradiciendo las leyes internacionales de auxilio, salvamento marítimo y acceso a la protección internacional”.
Además, exige conocer del Gobierno de Mariano Rajoy tipo de reestructuración del Frontex piensa proponer, teniendo en cuenta que lo sucedido en Lampedusa durante el mes de octubre es una práctica frecuente en la frontera sur del mar Mediterráneo, tal y como vienen denunciando las ONG.
CONTROLES POLICIALES
En el capítulo de racismo, xenofobia y delitos de odio, ERC se interesa por saber si el Ejcutivo considera necesario “llevar a cabo controles policiales basados en criterios raciales”. Pretende también saber si son más o menos eficaces que otro tipo de controles y por qué se siguen realizando.
Esquerra se plantea si los controles policiales con base racial se siguen realizando tras el envío de una circular de la Dirección General de la Policía en marzo de 2012 prohibiéndolos expresamente y si se ha “advertido o castigado a algún agente” por imcumplir esta orden.
El Gobierno deberá explicitar también su política de actuación contra los delitos de odio a “colectivos estigmatizados”, que se cuentan por miles en España, y si hay previsión de “poner en funcionamiento un registro oficial, al igual que existe en la mayoría de países europeos”.
Además, tendrá que explicar si hace algo para “desmentir los tópicos inciertos que circulan socialmente con la intención de desprestigiar o criminalizar a los inmigrantes” y por qué está paralizado el funcionamiento del Consejo para La Promoción de La Igualdad de Trato y la No Discriminación de las personas por su origen racial o étnico, que inició su andadura en 2007.
Esquerra pregunta igualmente por las estadísticas de delitos xenófobos o racistas, y por si ese tipo de actitudes existen dentro de los Cuerpos de Seguridad del Estado, en las Fuerzas Armadas o en cualquier otra institución del Estado, así como por las acciones destinadas a evitarlas.
Con el escenario de fondo de un suceso ocurrido el pasado verano a una familia india que visitaba España en sus vacaciones, a la que se identificó en varias ocasiones, ERC pregunta si los controles policiales con tintes raciales pueden acabar perjudicando la industria turística y si el Gobierno piensa hacer algo al respecto.
RACISMO INSTITUCIONAL
En materia de sanidad, la formación independentista quiere saber si el Ejecutivo piensa revocar la orden por la que dejaba sin cobertura sanitaria a los inmigrantes irregulares y si estima que el mantenimiento de la medida puede calificarse de “racismo institucional”. Además, pregunta por el seguimiento sanitario de menores y mujeres embarazadas y por los riesgos de la extensión de “epidemias” al dejar excluidas del sistema a muchas personas.
En relación a la concesión de permisos de residencia y trabajo, Esquerra se interesa por saber por qué se mantienen las restricciones a la entrada de trabajadores rumanos, siendo Rumanía un país integrado en la Unión Europea, y cómo garantiza el Estado el derecho de los inmigrantes penados por algún delito a renovar sus permisos de residencia o a hacerlo una vez cumplida su pena.
ERC critica de manera implícita los privilegios de que gozan los inmigrantes con dinero al preguntar por la concesión automática de permiso de residencia a quienes inviertan en España, creen empleo o compren una vivienda por valor superior a los 500.000 euros.
Se interesa también por saber la opinión del Ejecutivo sobre “los empresarios que han utilizado a los inmigrantes como mano de obra barata y explotada en detrimento de las condiciones laborales y salariales marcadas en los convenios de empresa”, y reclama conocer el número de inspecciones en los últimos 15 años para detectar el trabajo de inmigrantes en situación ilegal.
DENEGACION DE ASILO A SIRIOS
En lo relativo a la obtención de la nacionalidad, el grupo parlamentario liderado por Alfred Bosch quiere saber por qué hay plazos distintos para los inmigrantes según su país de origen y por qué deben esperar una media de tres años de tramitación después de acreditar sus 10 años de residencia.
En materia de asilo y refugio, Esquerra pide conocer el número de asilos concedidos, la razón por la que se ha impuesto el “visado de tránsito” a los sirios, justo cuando más crudo era el conflicto en ese país, y por qué se deniegan los asilos a familiares de sirios con residencia en España.
Además, pregunta por el número de personas provenientes de países en guerra que solicitan asilo y cuál es la causa por la que se les deniega, al igual que ocurre en muchas ocasiones con personas perseguidas por su orientación sexual o de género.
NUEVA EMIGRACIÓN
ERC se interesa también por conocer la opinión del Gobierno sobre la nueva oleada de emigración de jóvenes españoles sin trabajo. Pregunta por cuáles son las causas de esas salidas al extranjero y por los datos que tiene el Ejecutivo para afirmar que la emigración española durante el siglo XX fue legal. En todo caso, quiere saber “en qué datos se basa” para publicitar “una supuesta legalidad de la emigración española”.
También insiste en conocer estadísticas sobre los delitos de los que son víctimas los inmigrantes ilegales, los programas de cooperación con las zonas de origen de los inmigrantes y los métodos de actuación de la policía con los extranjeros en situación irregular que denuncian los delitos de los que son víctimas.
Otro grupo de preguntas pretenden esclarecer si el Gobierno “considera justo retener en unas instalaciones equiparables a las de una cárcel a personas que sólo han cometido una falta administrativa por no tener regularizada su situación”.