Madrid.- La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha anunciado hoy que desde el próximo 1 de mayo quince países de la Unión Europea (UE), entre ellos España, se han comprometido a ofrecer a un paciente nacional, que resida en otro país, la asistencia en su propio país de origen, que correrá con los gastos.
España espera que dicha norma, denominada Reglamento 883, y que se aplicará también en Holanda, Francia o Alemania, forme parte de la futura directiva transfronteriza de asistencia sanitaria que Jiménez confía en que se acuerde en junio durante la Presidencia española.
Hasta ahora, la mayoría de Estados miembros, especialmente Reino Unido, defienden que sea el país de residencia quien "se haga cargo de todo", ha explicado la ministra en la rueda de prensa al término de la Reunión Informal de ministros de Sanidad de la UE, que se ha celebrado durante dos días en Madrid.
Tanto Jiménez como el comisario de Sanidad y Consumo de la UE, John Dalli, han definido como "tema muy complejo" la elaboración de una directiva sanitaria que armonice los sistemas de salud de todos los países.
Sin embargo, la ministra ha mostrado su satisfacción porque España haya pasado, de formar parte de la minoría que en diciembre pasado bloqueó la votación de la directiva transfronteriza en el Consejo de Ministros de la UE en Bruselas, a ser ahora "presidencia".
El nuevo texto de directiva propuesto ahora por Jiménez a sus homólogos, y que incluye la necesidad de que siempre exista una autorización médica previa, contemplará también casos "rarísimos", según Jiménez, como el de que un paciente europeo que reside en otro país europeo quiera tratarse en un tercer país europeo.
Para ello se tendrán que cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, que haya un certificado europeo de calidad en ese hospital, que no requiera pernoctar en un hospital o que dicho tratamiento esté contemplado en su país de origen.
Dichas condiciones obedecen a que si el tratamiento que recibe un paciente en un tercer país no cumple unos baremos de calidad, luego tiene que ser el país de origen o el de residencia el que se haga cargo de las consecuencias que sufra esa persona.
Aunque de momento todos estos aspectos de la futura directiva transfronteriza sanitaria se están estudiando por expertos y por juristas, Jiménez y Dalli han destacado que lo importante es que se está hablando se "la seguridad del paciente y de sus derechos", después ya hablaremos "quién paga los costes", ha comentado el comisario europeo.
Sobre una posible saturación de los centros sanitarios españoles por la llegada de personas de otros países europeos, ya que dispone de uno de los sistemas de salud más reconocidos en toda la UE, la ministra ha negado que vaya a suceder, principalmente porque no es posible que una persona de la UE reciba tratamiento en España por "su propia decisión".
La directiva sobre donación y trasplantes de órganos es otra de las estudiadas por los ministros europeos en Madrid, y Jiménez ha reiterado su convencimiento en que sea aprobada "en primera lectura" en mayo.
Por otro lado, la Reunión Informal de ministros de Sanidad de la UE ha concluido con el acuerdo de los Estados miembros a reforzar las políticas de salud de la población más vulnerable para garantizar la equidad sanitaria y social.
Se impulsará el acceso de las mujeres embarazadas y los niños a los servicios de salud, sea cual sea su situación legal, y se apoyará el envejecimiento saludable.
Dalli ha destacado que no hay que mirar a países lejanos, sino que dentro de la propia UE existen grandes desigualdades y muchas de las personas de los nuevos Estados miembros viven menos que en otros, con una diferencia de 8 años en las mujeres y de 14 en los hombres.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios