Vitoria, 24 nov.- El Parlamento Vasco ha aprobado hoy la modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social por la que se eleva de uno a tres años el empadronamiento mínimo para poder percibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
El grueso de la ley, cuya votación se ha prolongado durante más de una hora, ha sido aprobado con los votos del PSE-EE y el PP, la abstención del PNV y UPyD, y la oposición del resto de grupos.
Con la modificación de la ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2012, se cambian los requisitos para poder acceder a la Renta de Garantía de Ingresos, que actualmente perciben 55.000 personas.
Para poder solicitarla será necesario haber tenido la residencia efectiva en el País Vasco al menos con un año de antelación, pero si no se llega a los tres de empadronamiento, los solicitantes deberán acreditar al menos cinco años de actividad laboral remunerada.
Si no se cumple el requisito previo del año de residencia, el que existía hasta ahora, se deberá acreditar haber estado empadronado en algún municipio de la Comunidad Autónoma Vasca durante cinco años continuados de los diez inmediatamente anteriores a la solicitud.
La reforma también incluye que los perceptores de las ayudas, salvo pensionistas, personas con invalidez absoluta y menores de 23 años, deberán estar disponibles para trabajos de carácter social en situaciones de emergencia o especiales.
Mientras que el PSE-EE y el PP han argumentado que esta reforma no recorta derechos ni disponibilidades presupuestarias y que busca ligar las prestaciones sociales con el empleo, la mayoría de los grupos de la oposición ha criticado que ahora se van a dejar fuera de las ayudas a muchas personas en un momento de crisis.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Gemma Zabaleta, ha defendido esta reforma que busca desarrollar una "política social basada en el empleo y no en el subsidio", como el modelo alemán.
Teresa Laespada (PSE-EE) ha defendido el carácter "progresista" de la ley y ha recordado que en Euskadi se desembolsa el 38 por ciento de las rentas de garantía de ingresos del total de España.
Laura Garrido (PP) ha considerado justa la ampliación del mínimo de empadronamiento de uno a tres años porque hasta ahora el 44 por ciento de los perceptores rechazaban empleos, algo que podían hacer hasta tres veces sin perder la prestación, y que un nueve por ciento de la bolsa de beneficiarios llevaba hasta diez años sin trabajar.
Garbiñe Sáez (PNV) ha defendido una enmienda para que hubiera una moratoria de un año en la entrada en vigor para no provocar el "caos y la saturación de los servicios" del Servicio Vasco de Empleo.
Aintzane Ezenarro (Aralar) ha advertido de que la "pobreza aumentará en la sociedad", Juanjo Agirrezabala (EA) ha cifrado en unas 3.500 las personas que quedarán sin RGI, Mikel Arana (IU) ha criticado el "endurecimiento del acceso" y Gorka Maneiro (UPyD) ha mostrado su rechazo al recorte de prestaciones sin que se adopten otras medidas como la lucha contra el fraude fiscal.
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