San José, 11 jul.- La Alianza Evangélica de Costa Rica anunció hoy que presentará "3.000 recursos de amparo" ante la Corte Suprema de Justicia para evitar que se imparta, a partir del próximo año, educación sexual en las escuelas, como pretende el Ministerio de Educación Pública (MEP).
El presidente de la Alianza Evangélica, Juan Luis Calvo, dijo este miércoles a la emisora Radio Reloj, que la potestad para impartir educación sexual a los jóvenes la tienen los padres y no el Estado.
El ministerio costarricense argumenta que la educación sexual en el país es fundamental para disminuir los embarazos adolescentes, que representan el 20 % de los nacimientos totales cada año.
"La solución a los embarazos está en otros presupuestos. Falta enseñar valores como castidad, virginidad y respeto al propio cuerpo", sostuvo Calvo.
Para el ministro de Educación, Leonardo Garnier, "la educación sexual es vital en el país debido a la gran cantidad de embarazos, pero sobre todo porque hay muchos adolescentes" que no están siendo preparados "adecuadamente para enfrentar su transformación en adultos".
Según Garnier, el programa de estudios que impulsa el Estado "no pretende" afectar los valores religioso o morales, "sino que promueve el respeto y el vivir responsablemente su sexualidad".
Pero a juicio de Calvo, la educación que se pretende impartir en las escuelas públicas "generará más morbo y una cultura del hedonismo y el placer".
"De esas clases salen (los jóvenes) con la intención de autoexplorarse y explorarse unos a otros, y eso podría provocar un alboroto hormonal", añadió, asegurando que el plan del ministerio de Educación Pública se basa en presupuestos de "inmoralidad".
Por esta razón, miembros de iglesias evangélicas han anunciado que presentarán masivamente recursos de amparo, hasta lograr detener la reforma al currículo educativo en el sistema público, añadió.
Varios padres de familia bautistas presentaron esta semana recursos ante la Sala Constitucional del Supremo con el objetivo de detener los programas de educación para la sexualidad anunciados semanas atrás por el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla.
La Sala Constitucional aun no se ha pronunciado sobre los primeros casos presentados.
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