Exteriores dice que los controles en Gibraltar son irrenunciables para España

  • El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado hoy que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen y añade que, al no ser un territorio aduanero comunitario, los controles en la verja del Peñón "son irrenunciables" para España porque realizarlos es su "responsabilidad".

Madrid, 1 ago.- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado hoy que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen y añade que, al no ser un territorio aduanero comunitario, los controles en la verja del Peñón "son irrenunciables" para España porque realizarlos es su "responsabilidad".

Así lo ha asegurado a Efe un portavoz de Exteriores tras la decisión del Gobierno de Gibraltar de enviar un informe a la Comisión Europea sobre las colas que, el pasado fin de semana, se produjeron en la frontera con España, una situación de la que culpa a las autoridades españolas.

Exteriores señala que, al no pertenecer a Schengen, no se aplica la libre circulación de mercancías en Gibraltar ni tampoco el régimen común del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por lo que España "está obligada a realizar controles en la verja".

Así, ha explicado que los controles de documentación que se han realizado son "de naturaleza policial y aduanera, de vehículos, personas y mercancías" y ha hecho hincapié en que son los "adecuados" al código de fronteras de Schengen.

Además, el portavoz ha subrayado que los controles son necesarios para evitar tráficos ilícitos y contrabando.

Es la postura que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, transmitió el lunes a su homólogo británico, William Hague, quien le llamó por las largas colas en la verja con Gibraltar.

Margallo expresó a Hague que España tiene "la obligación" de velar por el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea y añadió que se seguirán haciendo los controles reforzados en la frontera "cuando se considere necesario".

El martes, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente el vertido "incontrolado" de 70 bloques de hormigón en aguas españolas próximas a Gibraltar, algo que, para el Ejecutivo, "puede constituir un delito medioambiental".

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