Ezzati dice que nunca llamó a estudiantes para hablar sobre el conflicto

Santiago de Chile, 13 ago.- El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, aseguró hoy que "nunca llamé a los estudiantes a hablar conmigo", en respuesta a los dirigentes que descartaron la mediación de la Iglesia en el conflicto que los jóvenes mantienen desde hace tres meses en demanda de una mejor educación pública.

"La invitación es a dialogar no con la Iglesia, sino que dialoguen entre los actores. Nunca he llamado que vengan a dialogar conmigo", enfatizó Ezzati quien es también presidente de la Conferencia Episcopal de Chile.

"Lo que he pedido, y lo que me parece fundamental desde la visión que tienen los obispos y la Iglesia, es que en este momento, como siempre, el diálogo es el camino a la solución de los problemas", sostuvo el prelado en declaraciones a Radio Cooperativa.

Las declaraciones de Ezzati fueron realizadas tras una actividad efectuada este sábado en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en Santiago, denominada "Educación hoy, un desafío para la Iglesia".

Durante la semana, la presidenta de la Federación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, desestimó que la Iglesia Católica actúe como mediadora entre las autoridades y las agrupaciones que protestan por cambios en la educación chilena.

En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció hoy en el Palacio de La Moneda un proyecto de ley para endurecer las penas para aquellos encapuchados que participen en las marchas estudiantiles, además de prohibir su presencia.

"Si se trata de marchas públicas se va con la cara descubierta, cuando uno va a una marcha pública, en un lugar público, no hay por qué ocultar su rostro, salvo que esté pretendiendo ocultar su identidad", sostuvo.

Según Hinzpeter, "todos sabemos que cuando la identidad se oculta no es precisamente cuando se anda en buenos pasos".

La medida anunciada por el titular del Interior incluye agregar un artículo al Decreto Supremo N°1086 con el que se busca prohibir la presencia de grupos encapuchados en manifestaciones sociales.

Además, enviará un proyecto para aumentar las penas para aquellos delitos que involucren destrozos a la propiedad pública.

Los estudiantes chilenos iniciaron las movilizaciones a mediados de mayo para exigir que el Gobierno central vuelva a administrar la educación primaria y secundaria, que se prohíba a las instituciones privadas lucrarse con la educación y que se garantice en la Constitución el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.

Al final de las multitudinarias manifestaciones estudiantiles que se han realizado en la capital y en provincias, muchachos encapuchados y también los llamados "infiltrados", se dedican a causar desórdenes y destrozos en la propiedad pública y privada obligando a la fuerza pública a utilizar todos sus elementos disuasivos.