Washington, 14 mar.- El Gobierno de Estados Unidos se contradijo hoy al reconocer ante el Congreso haber liberado a más de 2.000 inmigrantes ilegales de los centros de inmigración a causa de los recortes presupuestarios después de que hace unas semanas asegurara que sólo habían sido unos cientos.
El director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), John Morton, aseguró hoy frente al Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que su agencia puso en la calle a 2.228 inmigrantes indocumentados "por razones exclusivamente presupuestarias".
Morton explicó además que la decisión no se discutió previamente con ningún cargo político, incluida la Casa Blanca y la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.
"Estábamos tratando de sobrevivir dentro del presupuesto que el Congreso nos ha proporcionado. No fue una llamada de la Casa Blanca. Asumo toda la responsabilidad", agregó el director de la ICE.
El presidente del subcomité, el congresista republicano John Carter, insistió a Morton que pese a sus afirmaciones las liberaciones se produjeron en medio de la campaña del presidente estadounidense, Barack Obama, para evitar los recortes automáticos antes del 1 de marzo.
"El presidente de Estados Unidos va recorriendo el país diciendo a la gente lo doloroso que iba a ser el secuestro (como se conoce a los recortes indiscriminados). Eso es un hecho. Ese era el ambiente", dijo Carter.
Morton dijo a Carter que más inmigrantes fueron puestos en libertad en Texas que en cualquier otro estado, pero no dio el nombre de otros estados donde fueron puestos en libertad.
"Varios cientos están relacionados con el secuestro, pero no fueron miles", dijo Napolitano hace diez días en un acto público.
El 5 de marzo, el Comité Judicial de la Cámara hizo público un documento interno de la ICE que describía los planes de la agencia para liberar a miles de inmigrantes ilegales antes del 31 de marzo.
Los inmigrantes que salieron de los centros aun se enfrentan a una posible deportación y deben comparecer ante las autoridades.
Según el Foro Nacional de Inmigración, cada inmigrante indocumentado recluido cuesta a las arcas públicas alrededor de 164 dólares por día. Sin embargo aquellos que están en la calle, pero vigilados (bien sea por dispositivos GPS, con visitas a sus domicilios u otras fórmulas) cuestan entre 30 centavos y 14 dólares por día.
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