Gobierno verá ley de Seguridad Ciudadana e integrará leyes de discapacitados

Madrid, 28 nov.- El Consejo de Ministros analizará en su reunión de mañana el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana y aprobará el texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, que integra las tres normas vigentes que afectan a este colectivo.

Además, reconocerá buena parte de los activos fiscales que atesora la banca española al trasponer a la normativa española la adaptación europea de Basilea III, la normativa internacional con los requisitos de capital que tendrán que cumplir las entidades financieras a partir del 1 de enero de 2014.

El anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, cuyo primer borrador ha suavizado el Ministerio del Interior, ha rebajado en un tercio las infracciones muy graves que acarrean multas que van de los 30.000 a los 600.000 euros.

Tras dos semanas de duras críticas de la oposición y algunos sectores sociales, el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha modificado algunos de los aspectos más polémicos que figuraban en el borrador legislativo elaborado por Interior.

De esta forma, desaparece como infracción muy grave y pasa a ser considerada grave, con multas de entre 1.001 a 30.000 euros, las protestas no comunicadas frente al Congreso u otras altas instituciones del Estado aunque no estén reunidas y siempre que se perturbe la seguridad ciudadana.

También baja de grave a leve las faltas consistentes en amenazar, coaccionar, injuriar o vejar a los agentes encargados del mantenimiento del orden público, que serán sancionados con entre 100 y 1.000 euros.

El Consejo también tiene previsto aprobar mañana el texto refundido de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, que integra las tres normas vigentes que afectan a este colectivo.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a Efe la aprobación de este texto legal, que pone especial énfasis en la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito laboral.

Más que innovaciones legislativas, este proyecto remarca la protección singularizada del ejercicio de derechos de las personas que tienen una discapacidad, según las fuentes.

Se pasa así del concepto asistencia, por el que las personas con discapacidad eran objeto de tratamiento y protección social, al concepto de que los ciudadanos con discapacidad serán ciudadanos libres titulares de derechos.