Washington, 14 oct.- Grupos a favor de una reforma migratoria en EE.UU. celebraron hoy el fallo que suspendió temporalmente partes de la ley HB56 contra la inmigración ilegal en el estado de Alabama (sureste), mientras grupos conservadores insisten en que la medida busca proteger los empleos de los residentes legales.
En sus 16 páginas, el dictamen del tribunal de apelaciones, con sede en Atlanta (Georgia, EE.UU.), suspendió dos partes clave de la ley hasta que se determine su constitucionalidad.
Según el fallo, por el momento, las autoridades no podrán revisar el estatus migratorio de los estudiantes en las escuelas públicas y tampoco se criminalizará a quienes no porten sus "papeles" en todo momento.
Sin embargo, el fallo dejó en vigor la cláusula que permite a la policía pedir prueba de residencia legal a personas que detenga por otras infracciones y que sospeche que son indocumentadas.
También dejó intacta una sección que prohíbe que los indocumentados hagan "transacciones de negocios" con entidades gubernamentales en Alabama, incluidas las solicitudes para servicios de agua, licencias de conducir o para abrir un negocio.
Tras conocerse el dictámen, grupos que durante años han luchado en ambos bandos del debate migratorio emitieron su reacción a través de comunicados.
El legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, afirmó que "entre más temprano la revoquen los tribunales federales, mejor será" para quienes ya empiezan a sufrir los efectos de la HB56.
El fallo "es un paso en la dirección correcta, pero desafortunadamente aún deja abierta la puerta" a la discriminación racial", dijo.
Por su parte, Angela Kelley, analista del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, en inglés), dijo que el fallo ayuda a mitigar el daño de la HB56, pero "probablemente no calmará los temores" ni disminuirá el éxodo de trabajadores inmigrantes en un estado que ya sufre una precaria situación económica.
La coalición de defensores de los derechos civiles elogió el fallo pero lamentó que se mantengan en pie elementos de una ley que exacerba "la crisis humanitaria en Alabama" y evoca los tiempos de racismo del estado.
La llamada Coalición de Alabama por la Justicia para Inmigrantes dijo que continuará una campaña comunitaria "sin precedente", con la ayuda de la comunidad afroamericana y grupos religiosos, para lograr la anulación de la HB56, promulgada el pasado 9 de junio.
En tanto, el Gobierno estatal y grupos conservadores como el "Tea Party Nation" insisten en que la idea es desplazar a los indocumentados para proteger los empleos de los residentes legales.
Grupos como FAIR, que apoyan reducir incluso la inmigración legal, se manifiestan "hartos" de que el Gobierno dé vía libre a quienes violan las leyes de inmigración.
El presidente de FAIR, Dan Stein, reiteró su confianza de que, al final, los tribunales "apoyarán estas disposiciones por sus méritos legales".
Alabama es el quinto estado de EE.UU. en adoptar leyes contra los indocumentados, con la queja de que el Gobierno federal no cumple con sus obligaciones constitucionales de combatir la inmigración ilegal. El Departamento de Justicia entabló una demanda en busca de su revocación.
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