Igualdad trabaja para que el nuevo código penal incluya reivindicaciones de las asociaciones de mujeres

La secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad trabaja con el Ministerio de Justicia para que el anteproyecto de reforma de la Ley del Código Penal incluya algunas de las peticiones que organizaciones feministas han planteado, ya que consideran que el texto “se olvida de la violencia de género”.
Entre otras objeciones, seis entidades criticaron que el anteproyecto incluya la figura de la mediación en los casos de divorcio aunque existan denuncias por malos tratos; permita la posibilidad de conmutar penas de prisión por multas en los casos más leves (algo que, aseguran, la Ley de Violencia de Género prohíbe expresamente); no obligue a los jueces a iniciar un proceso ante partes de lesiones menores si no hay denuncia de la víctima y, en general, que “el término violencia de género desaparezca del texto”.
En declaraciones a Servimedia, fuentes del departamento que dirige Ana Mato señalaron este martes que estas preocupaciones fueron “escuchadas con atención” en las últimas reuniones del Observatorio de Violencia sobre la Mujer y del Consejo Estatal de Participación de la Mujer, y que el ministerio trabaja actualmente junto a Justicia “en la buena direccion” para introducirlas en el anteproyecto.
La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, mostró su confianza en que el departamento cumplirá su palabra, ya que opinó que la redacción actual del texto “supone un claro retroceso” en la lucha contra la violencia de género y en la defensa de los derechos de la mujer.
Por este motivo, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, reclamó la retirada inmediata del texto “para volver a negociar”.
Además, Pérez del Campo arremetió contra la “cortina de humo” que, a su juicio, supone la doctrina “del interés superior del menor’, una excusa con la que se está concediendo la custodia a hombres condenados por malos tratos”.
ABORTO
Besteiro reclamó también al Gobierno un cambio urgente en su posición respecto a la ley de interruppción del embarazo, que el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón pretende reformar.
“Lo que realmente hace falta es una auténtica Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es lo único que puede conseguir reducir el número de embarazos involuntarios y de interrupciones”, subrayó Besteiro.
Como ejemplo puso el caso de Holanda, que tiene “la legislación más permisiva en este terreno y, sin embargo, registra el menor índice de embarazos no deseados de Europa”.
Según Besteiro, “el PP debe gobernar para todas las españolas y no solo para las que les votaron”, pues de imponerse la reforma que pretende Gallardón, “el turismo abortivo volverá a nuestra frontera”.