Inmigración. El defensor, "preocupado" por las devoluciones 'en caliente' y los abusos policiales

Las devoluciones sumarias de inmigrantes irregulares y los abusos registrados en algunas actuciones policiales en la frontera con Marruecos centran el capítulo dedicado a inmigración en el informe anual del Defensor del Pueblo.
La institución da cuenta de las quejas que ha recibido por “la devolución expeditiva de inmigrantes sin respetar la legislación en materia de extranjería ni los convenios internacionales ratificados por España”.
La oficina que dirige Soledad Becerril muestra su “preocupación” por estas actuaciones “que impiden identificar y proteger a personas especialmente vulnerables, como pueden ser menores, solicitantes de protección internacional, víctimas de trata, etcétera”.
El informe añade que tras el estudio de algunas quejas relacionadas con las dificultades de asistencia letrada de los extranjeros detenidos en los procedimientos de ejecución de las órdenes de expulsión del territorio nacional, se ha comprobado que “existe un número significativo de casos en los que las circunstancias de la persona afectada, en el momento de la ejecución de la resolución, son distintas de las que llevaron a dictar una resolución de expulsión en su momento”.
“Este cambio de circunstancias (nacimiento de hijos, relación de pareja con ciudadano español, etc.) debería ser tenido en cuenta, con el fin de establecer unas garantías que permitan la tutela judicial efectiva de estos ciudadanos en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos para evitar que pueda producirse indefensión”, indica.
QUEJA EN VANO
El informe enumera algunos sucesos que ocurrieron el año pasado como consecuencia del intento de entrada de inmigrantes por zonas fronterizas, tanto por tierra, a través de los perímetros fronterizos de las ciudades de Ceuta y Melilla, como por mar.
Sobre la muerte de 15 personas en la playa del Tarajal (Ceuta), el Defensor inició actuaciones ante la Delegación del Gobierno y la Fiscalía General del Estado, pero quedaron paralizadas al abrirse una causa judicial.
También pidió explicaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad acerca de la utilización por agentes de la Guardia Civil de un extintor con el que se roció a un ciudadano extranjero durante un intento de salto a la valla de Melilla.
El Defensor recuerda el deber legal de las fuerzas policiales “de ajustar su actuación a los principios básicos que establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y especialmente a impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral, así como a actuar rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance”.
Sobre la concertina de las vallas fronterizas, el Defensor recuerda que ha formulado recomendaciones al ministro del Interior, que no han sido aceptadas, para que la quite y la sustituya por un mecanismo no cortante que dificulte el salto de las vallas.
De los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI), el informe valora “de forma positiva” la actuación de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes en el centro de Melilla, al agilizar el traslado de los solicitantes de protección internacional, tanto de grupos familiares como de personas solas.
Sin embargo, reafirma su “preocupación por la sobreocupación del centro” y la situación de hacinamiento de los residentes en las distintas dependencias habilitadas como dormitorios, la inadecuación de los módulos destinados inicialmente a familias, la necesidad de reanudar los servicios de guardería sin más demora, así como la inadecuación de los espacios del nuevo edificio destinados a dormitorios, que no reúnen los requisitos necesarios para esta función.
HASTA TRES AÑOS
Un importante número de las quejas recibidas se refieren, al igual que en años anteriores, a las demoras en la resolución de las solicitudes de protección internacional.
Las actuaciones seguidas para conocer las causas de tales demoras pusieron de manifiesto que, en algunos supuestos, las solicitudes presentadas por personas de determinadas nacionalidades son paralizadas a la espera de que mejore la situación del país.
“En muchos casos, las solicitudes se han demorado hasta tres años. Tal decisión se ha producido con los demandantes de Costa de Marfil y con los ciudadanos de Mali”, denuncia el Defensor.
El informe también refiere la existencia de problemas en la acogida de los solicitantes, dado que la tendencia del incremento de solicitudes de protección iniciada en el año 2013 ha continuado en el año 2014, en el que hasta el mes de noviembre se habían recibido un total de 5.195 solicitudes, procedentes, en gran parte de ciudadanos sirios.