Ginebra.- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, señaló hoy que la gran mayoría de los 370 millones de indígenas que hay en el mundo están perdiendo sus tierras ancestrales o viven bajo la constante amenaza de ello por culpa de la sobreexplotación, bajo el pretexto del desarrollo.
"Cuando los indígenas son alienados y apartados de sus tierras por culpa del desarrollo y los proyectos de extracción, se les condena a una existencia al margen de la sociedad", aseguró Pillay en un comunicado con motivo de la celebración del Día Internacional de los Indígenas, el 9 de agosto.
A juicio de la alta comisionada, esta situación "no es en absoluto un signo de progreso".
Pillay criticó que la mayoría de los proyectos de explotación, que suelen ser altamente invasivos para los ecosistemas, los llevan a cabo grandes corporaciones sin consultar a las poblaciones que han habitado los territorios históricamente.
Puso como ejemplo Malasia, donde la tribu de los penanes es víctima de amenazas y acosos por su negativa a abandonar las tierras de Sarawak y Sabah, en la isla de Borneo, donde se va a realizar un ambicioso un plan hidroeléctrico.
En la India también sufren amenazas los indígenas adivasis, por su negativa a que haya en sus tierras explotaciones mineras, a pesar de que el Tribunal Supremo aprobó hace unos años la necesidad del consentimiento de las comunidades sobre el uso de sus tierras.
Pillay recordó que en 2010 el Ministerio de Medio Ambiente de la India prohibió al gobierno del estado de Orissa y a la multinacional minera con sede en el Reino Unido Vedanta el desarrollo de un proyecto minero en las montañas de Niyamgiri, debido a su impacto ecológico y en las vidas de los adivasis que residen allí.
En Brasil la situación se ha tornado dramática recientemente, ya que dos activistas defensores de los indígenas del Amazonas, José Claudio Ribero y su mujer Maria de Espirto, fueron asesinados en el estado de Para.
Pillay subrayó que el Alto Comisariado vigila de cerca el impacto de las industrias de extracción de recursos y proyectos de desarrollo en otros países como Bolivia, Camboya, Guatemala o México.
Según Pillay, los países desarrollados tampoco se libran de la sobreexplotación de sus recursos naturales y citó el caso de los trabajos de explotación petrolera y gasística en la región de Alberta, en Canadá, donde la reclamación de la titularidad de sus tierras por parte de la tribu de los lubicon sigue sin resolverse después de muchos años.
"En los países nórdicos, los sami viven preocupados por el impacto de la extracción de recursos naturales en la misma zona en la que ellos se dedican a la cría de renos", indicó.
Ante esta situación, la alta comisionada destacó que las consultas con las comunidades indígenas han de producirse en todas las etapas de los proyectos de desarrollo y extracción de recursos.
"Los estados deben proporcionar apoyo técnico y financiero a estas comunidades para que no jueguen con desventaja en los litigios contra las multinacionales que explotan sus tierras", exigió.
Pillay opinó que, cuando los indígenas consienten que se lleven a cabo esos proyectos, deberían tener derecho a recibir una parte de los beneficios de las actividades efectuadas en sus tierras.
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