La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía de Ceuta han decidido abrir diligencias de investigación para conocer las condiciones en las que se está produciendo la repatriación a Marruecos de los cerca de 800 menores marroquíes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma de Ceuta después de que llegaran en mayo, según adelanta el diario 'ABC'. Este mismo diario avanza que ambas fiscalías desconocen desde el plan de repatriación puesto en marcha por el Ministerio del Interior hasta los detalles ya que sólo habrían recibido una comunicación genérica que no decía ni cuántos, ni quiénes ni cuándo iban a empezar.
La Policía Nacional activó este viernes el operativo de repatriación y el traslado se produce en grupos de quince. Han comenzado con los 234 adolescentes cobijados en el polideportivo Santa Amelia, según han explicado fuentes policiales a Europa Press.
Esas mismas fuentes apuntaban que la operación de repatriación no incluirá a los menores considerados "vulnerables". La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, anunció el pasado lunes que "en días" se comprobaría que las relaciones entre España y Marruecos vuelven a ser "muy buenas" tras el cambio al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
ONG como Save The Children ya han advertido de que "cualquier repatriación colectiva" de menores migrantes es "ilegal", después de que algunas informaciones hayan señalado que Marruecos y España están trabajando conjuntamente en un protocolo para agilizar la reagrupación familiar de los niños que entran solos en Ceuta.
Sin el respaldo de la Fiscalía
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que estas devoluciones que han arrancado en Ceuta "no han contado con el respaldo ni la intervención" del Ministerio Público, y añaden que se espera que las onegés presenten un escrito en el juzgado solicitando la paralización de esas devoluciones, ante lo que la fiscalía ceutí tendría que pronunciarse.
Mientras, el Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio del Interior el cese de las devoluciones de menores a Marruecos que ha iniciado este viernes desde Ceuta y ha abierto actuaciones de oficio ante las numerosas quejas que han presentado oenegés por falta de garantías legales. Según han confirmado a Efe fuentes del Defensor, la institución ha dirigido un escrito al departamento que dirige Fernando Grande-Maslaska en el que recuerda "el deber legal que le incumbe de dar cumplimiento a las previsiones del artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000 de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y de su integración social".
En concreto indica que, según la Ley de Extranjería, Interior debe solicitar informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen, con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación.
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