La industria fotovoltaica, en el aire

  • El Congreso da luz verde al Real Decreto-ley que recorta drásticamente las horas de producción de las plantas.
La incertidumbre sobre la industria fotovoltaica añade presión a la reputación de España
La incertidumbre sobre la industria fotovoltaica añade presión a la reputación de España
Sara Acosta
Sara Acosta

Desde que en 2008 el Gobierno decidiera dar el primer tijeretazo a la energía solar fotovoltaica para poner orden en un sector engullido por la burbuja especulativa, el sector ha mantenido la cabeza fuera del agua a duras penas. De los 2.500 MW de potencia instalados aquel año, se pasó a 11 MW en el año 2009. "El año 2008 supuso la muerte del modelo de crecimiento del sector", explican desde la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif).

Ese año, el Ejecutivo impuso un tope de 500 MW de potencia instalada y la creación de un registro de proyectos. Desde las patronales se ha criticado esa medida porque la lista de plantas se concibió por orden de antigüedad, lo cual favoreció la compraventa de licencias, y así la especulación, de la que precisamente se quería salir. Desde las asociaciones se reconoce que durante los dos últimos años el fraude ha podido alcanzar entre 600 y 800 MW.

La aprobación por el Congreso este martes del Real Decreto-ley anunciado a finales de diciembre ha sido recibido como la estocada final por un sector lastrado por la incertidumbre normativa. La medida supone la tercera norma en tres años y un drástico recorte de horas de producción en las plantas, que las empresas interpretan como una reducción de hasta el 30%. La ley, sumada a la escasez crediticia, deja al sector en el aire. Lo peor, explican desde Asif, es la pérdida de confianza que el Gobierno ha favorecido de la mano de las eléctricas. Inversores y entidades financieras extranjeras han mostrado su alarma, y en España se han congelado muchos créditos, "aunque se trate de proyectos solventes", añaden desde Asif.

Al tratarse de una medida con carácter retroactivo, muchos inversores están condenados a la quiebra. "Ya hay casos de titulares de instalaciones que hipotecaron su vivienda para obtener el aval y, una vez ejecutada la garantía, se han quedado sin planta y sin casa porque su planta no estaba aún amortizada", explican desde el sector.

El tijeretazo del Gobierno es sólo una medida paliativa, dicen desde la industria, no ofrece soluciones y sobre todo lastra la confianza. Es además un freno al desarrollo tecnológico, el aliado más preciado de la tecnología solar fotovoltaica para reducir sus costes y equipararse con la energía de origen fósil. "El Gobierno no ha escuchado que esta industria ha reducido sus costes un 70% en cuatro años", ha explicado Javier Anta, presidente de Asif.

Desde la propia industria se advierte que sólo sobrevivirán aquellas empresas cuyas actividades estén diversificadas y puedan aguantar el recorte, así como los fabricantes de paneles que puedan exportar su producción.

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