La Junta de Andalucía lamenta que sólo se hayan instalado 300 de las 3.000 pulseras a los maltratadores

  • La consejera andaluza de Igualdad, tras condenar la muerte de una mujer en Pinos Puente (Granada), pide a las jueces que "tengan más en cuenta las pulseras" porque gracias a ellas a las víctimas de la violencia de género les puede dar tiempo a pedir ayuda si son atacadas. En España ya han muerto 34 mujeres por violencia de género en este año 2010.
Europa Press

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha lamentado que de casi 3.000 pulseras disponibles que hay en España para instalar en los maltratadores "en este momento sólo se han instalado 300". Así, ha alentado a que, aunque se instalen mediante resolución judicial, se usen "más todos y cada uno de los mecanismos que nos dota la ley y la orden de protección".

Navarro ha pedido a los jueces que "por favor tengan más en cuenta las pulseras" ya que éstas comienzan a pitar "cuando el agresor está como mínimo a 1.000 metros", por lo que da tiempo a las víctimas a pedir ayuda.

En su opinión, es necesario emplear en "cada momento los mecanismos más adecuados para cada circunstancia y quien hace la valoración del riesgo es quien tiene que establecer qué tipo de medida concreta establece".

Asimismo, ha señalado este viernes que si la mujer que falleció este jueves a manos de su ex pareja en plena calle de la localidad granadina de Pinos Puente, hubiera llevado una pulsera de localización de maltratadores en lugar del servicio de teleasistencia "podría haber pedido ayuda".

"En el caso de este jueves hubiera sido uno de esos momentos", indicó, porque los hechos tuvieron lugar "en plena calle, cuando estaba rodeada de gente" y añadió su interés en conocer la sentencia "porque estaban pendiente de juicio, que se celebró hace unos días".

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social ha recordado que a Rafaela Rueda Contreras, de 42 años, "se le ofreció en primer lugar ir a una casa de acogida y ella dijo que no era necesario porque él no iba a llevar a cabo sus amenazas".

Así, ha lamentado que, en muchos casos, las víctimas "minimizan el riesgo porque tienen miedo puesto que piensan que si ellas aumentan la intensidad de sus denuncias o de sus declaraciones y el juez aumenta la condena al agresor, ello puede significar que se ponga más agresivo".

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