La rioja regula la situación de las personas mayores en riesgo de exclusión social

El Gobierno riojano, que preside Pedro Sanz, regulará por primera vez la situación de las personas mayores en riesgo de exclusión social en la comunidad.
El consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, presentó esta semana al Consejo el anteproyecto de decreto para la regulación del sistema de acceso al servicio público de atención residencial para personas mayores en riesgo de o en exclusión social del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales.
El objetivo de la Consejería de Salud y Servicios Sociales con esta nueva normativa es proporcionar cobertura social a este colectivo de personas mayores que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión social sin prejuicio de las prestaciones sociales que desde Servicios Sociales se puedan articular.
La ayuda se concretaría en una atención integral destinada a prevenir las situaciones de dependencia, promover la integración de la persona mayor en el entorno social y, si se acredita la situación de riesgo, ofrecer el servicio de atención residencial.
Esta norma incorporaría por primera vez la aplicación acreditada de una escala de valoración social que permite medir si concurren circunstancias que acreditan situación de riesgo o de exclusión social: malos tratos, abuso económico, negligencia, abandono o vulneración de derechos.
Asimismo, el consejero ha presentado un decreto que modifica otra norma similar de 2001 y que regula el sistema de acceso al servicio público de atención residencial y al servicio público de estancias temporales residenciales para personas mayores grandes dependientes y dependientes severos del sistema riojano para la autonomía personal y la dependencia.
El otro Decreto presentado, del 25 de marzo de 2011, regula el procedimiento de acceso a las plazas públicas del servicio de atención residencial y servicio de estancias temporales residenciales para personas con discapacidad, con gran dependencia o dependencia severa.
Por tanto se trata de regular la situación que se da en los centros residenciales de personas dependientes que llevan muchos años residiendo en centros privados, por no haber plaza pública vacante en el momento de su ingreso, y cuando se produce la vacante, resulta perjudicial su traslado, al estar plenamente adaptado al centro donde ha residido.
Gracias a este decreto, la persona mayor ya no será trasladada a un centro público sino que se quedará en donde reside., informa el Gobierno regional.