Bruselas, 24 abr.- La alta representante de la UE, Catherine Ashton, lamentó hoy la decisión del Gobierno suizo de limitar los permisos de trabajo para todos los ciudadanos comunitarios durante un año y dijo que esa medida vulnera el acuerdo sobre libre circulación firmado con la Confederación Helvética.
La jefa de la diplomacia europea se pronunció así sobre el anuncio hecho hoy por Berna de aplicar dichas restricciones a la emisión de permisos de trabajo a partir del 1 de mayo, una medida contemplada en la "cláusula de salvaguarda" incluida en el acuerdo de libre circulación de personas suscrito en 2002 con Bruselas.
"Lamento la decisión del Gobierno suizo de continuar con las restricciones cuantitativas adoptadas el pasado año sobre la libre circulación de ciudadanos de ocho Estados miembros y de extender estas limitaciones al resto de países de la UE", afirmó Ashton en un comunicado.
La citada cláusula, señaló, podía ser utilizada este año por última vez bajo la condición de que el número de permisos de residencia emitidos en los últimos años para los ciudadanos de 25 países (todos los Estados miembros de la UE salvo Bulgaria y Rumanía, que están en período transitorio) llegara a determinado límite.
Las medidas tomadas hoy por el Gobierno suizo "son contrarias al acuerdo sobre libre circulación de personas, ya que hacen una diferencia entre dos grupos de Estados miembros", resaltó la alta representante de la UE.
Los países comunitarios "conceden una gran importancia a la libre circulación de personas en el conjunto de sus relaciones con Suiza", subrayó Ashton, quien añadió que la decisión de Berna "tiende a ignorar los grandes beneficios" que este libre movimiento puede aportar tanto a Suiza como a la UE.
Ashton lamentó, asimismo, que el Gobierno helvético haya decidido "abandonar al enfoque seguido en 2008 y 2009, cuando la cláusula de salvaguarda no fue activada, pese a que existía la posibilidad de hacerlo".
La cláusula de salvaguarda reconoce a Suiza el derecho de volver a introducir de forma unilateral contingentes de trabajadores cuando se observe un incremento de, al menos, el 10 por ciento de la media total de permisos concedidos a empleados comunitarios en los tres años precedentes.
El Ejecutivo de la Confederación Helvética confirmó que ese porcentaje fue superado.
Esta medida era reclamada por los partidos de derecha, preocupados por el aumento de la inmigración de ciudadanos comunitarios, en especial de los más afectados por la crisis económica, y contó con la oposición de la izquierda y de organizaciones patronales.
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