La Xunta reclama una mayor influencia de las CCAA ante la UE en política medioambiental

Santiago de Compostela.- El conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta, Agustín Hernández, reivindicó hoy una mayor influencia de las Comunidades autónomas en la posición final de la delegación española ante el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.

"Debemos aspirar a tener una mayor influencia en la posición final que defienda la delegación española en las reuniones del Consejo, y para ello es necesario renovar el modelo de participación", proclamó Hernández en la reunión celebrada hoy en Santiago de representantes de las Comunidades autónomas previa al Consejo Consultivo de Políticas Medioambientales para Asuntos Comunitarios.

El representante gallego recordó que, en la última reunión de la Conferencia para asuntos relacionados con las comunidades europeas celebrada en julio, la Xunta propuso diversas medidas dirigidas a la mejora de la coordinación entre las Comunidades autónomas y el Estado.

Entre ellas, citó la creación de un protocolo que dé uniformidad al trabajo de las autonomías en los órganos comunitarios y permita "la efectiva participación autonómica, independientemente de la voluntad política de cada uno de los responsables ministeriales".

Asimismo, puso énfasis en "la necesidad de avanzar en los reintegros económicos a las Comunidades autónomas para evitar las cargas financieras que supone acudir a las reuniones del Consejo".

El conselleiro gallego de Medio Ambiente sostuvo que las Comunidades autónomas deben aportar "una visión práctica y realista que contribuya a mejorar el diseño de las estrategias comunitarias" ante los "grandes problemas globales" a los que se enfrenta la UE.

Valoró los "avances" producidos en la toma de decisiones en el ámbito comunitario, como el reconocimiento de "las particularidades del Estado español y de las autonomías", y, entre las aportaciones de las Comunidades, citó el establecimiento del sistema de turnos semestrales.

En la reunión de hoy, a la que asistieron representantes de doce Comunidades autónomas, se unificaron criterios sobre aspectos de actualidad medioambiental, como los cultivos transgénicos, la generación de bioresiduos o la estrategia común frente al cambio climático, especialmente en materia de emisiones.

Según relató Agustín Hernández, que excusó las ausencias en la reunión de hoy "por problemas de agenda", las Comunidades autónomas tienen "posiciones muy próximas", por lo que no previó muchas dificultades para elaborar el texto que trasladará el próximo 4 de octubre a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa.

Posteriormente, el conselleiro acompañará a la ministra en la reunión del Consejo de Ministros de Medio Ambiente del 14 de octubre, en Luxemburgo.

En lo que respecta a la estrategia común frente al cambio climático, las Comunidades autónomas consideran fundamental que la UE ejerza su liderazgo en las negociaciones para alcanzar un acuerdo internacional de carácter vinculante, señala una nota de la Xunta.

Consideran urgente el establecimiento de un calendario de ejecución determinado para un futuro régimen, a partir de 2012, en el que se incorporen todos los elementos esenciales del Protocolo de Kioto.

En cuanto a los cultivos modificados genéticamente, piden que se establezca un mecanismo de consulta a los agricultores de las zonas afectadas, así como un marco temporal de revisión de las medidas de restricción impuestas.

La posición común de las autonomías españolas también solicita un aumento de la contribución de la UE para impedir la pérdida de la biodiversidad mundial y sugieren que los planes de acción de los estados miembro recojan las decisiones que se tomen en la Conferencia de las Partes sobre la Biodiversidad en Nagoya.

Sobre la reducción de gases, apuntan a la necesidad de que cualquier postura favorable a un aumento de ese objetivo para de un "profundo, riguroso y detallado" estudio de viabilidad que tenga en cuenta sus consecuencias en términos de rentabilidad, tanto económica como medioambiental.

Finalmente, las Comunidades autónomas defienden la recogida selectiva de bioresiduos para, en el proceso de reciclaje, obtener productos de calidad con un uso seguro en los suelos.