Lara: "No sé si Ana Botella quiere llevar las manifestaciones a La Moraleja"

  • El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha ironizado hoy sobre la propuesta de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella de "ordenar" la autorización de manifestaciones en el centro de la ciudad al asegurar que no sabe si pretende llevarlas a la urbanización de La Moraleja.

Valencia, 28 mar.- El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha ironizado hoy sobre la propuesta de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella de "ordenar" la autorización de manifestaciones en el centro de la ciudad al asegurar que no sabe si pretende llevarlas a la urbanización de La Moraleja.

En una rueda de prensa celebrada en Valencia, en la que ha comparecido junto al diputado Ricardo Sixto y a la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, Lara ha considerado que lo que pretende Botella es ocultar las protestas.

Así, se ha referido a la manifestación que recorrió Madrid el pasado sábado, "una de las más importantes de la democracia" que fue "soslayada por los medios, que dieron más repercusión a los actos vandálicos que se produjeron al final por la acción de unos cuantos"

"Algunos piensan que se forzó la máquina para que no fuese noticia la manifestación, sino los disturbios, lo mismo que quiere Botella, ningunear las manifestaciones", ha añadido.

IU ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díez para que explique "por qué se cargó contra una manifestación que estaba todavía dentro del límite horario establecido".

"El Gobierno no puede responder con represión una protesta pacífica, es el Ejecutivo quien ejerce violencia social", ha opinado Lara, quien también se ha opuesto al desarrollo de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

El Ejecutivo, en su opinión, "debe responder con medidas sociales", y por ello IU pedirá en el Congreso la retirada del recurso contra el decreto andaluz de Función Social de la Vivienda, un plan de formación y empleo para parados sin subsidio y "trabajar en serio" en pro del establecimiento de una renta básica que evite la exclusión social.

"Hay 80.000 millones de euros de fraude fiscal. Ahí es donde debe actuar un gobierno decente y democrático", ha finalizado.

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