Santiago de Chile, 15 oct.- Más de 100 mil personas participaron hoy en un simulacro de terremoto y posterior tsunami entre las regiones sureñas de Bío Bío -una de las más golpeadas por el cataclismo del 27 de febrero del 2010- y Aysén, actividad que fue supervisada por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).
La iniciativa, que emuló un terremoto de 9,2 grados de magnitud en la escala abierta de Richter, se inició cerca del mediodía y convocó a todos los comités de emergencia a nivel regional y comunal.
Según la Onemi, los informes indicaron que en la región del Bío Bío Bío se movilizaron cerca de 68 mil personas, en la Araucanía más de 10 mil, en los Ríos sobre 5.000, en los Lagos 25.000 y en la Isla Melinka (Aysén), más de 800 personas.
La actividad fue seguida desde el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia por el Director Nacional de Onemi, Ricardo Toro, junto a los representantes de diversos organismos del Sistema de Protección de este país de casi 17 millones de habitantes.
Toro explicó a los periodistas que el ejercicio tenía dos ámbitos de acción: que las personas ubicadas en el borde costero se desplazaran de manera rápida y ordenada a las zonas seguras, y por otro lado, poner en acción a los comités de operaciones de emergencia en sus distintos niveles y verificar el estado actual de preparación de sus componentes.
"Estos simulacros son una oportunidad única para trabajar por la seguridad de nuestra población y así evitar la pérdida de vidas humanas ante eventuales desastres", señaló.
Recordó que se debe tener la claridad que no hay tecnología en el mundo capaz de predecir los movimientos telúricos "por lo que nuestra responsabilidad es aprender a cuidarnos y saber reaccionar de manera adecuada ante los embates de la naturaleza".
El terremoto del 27 de febrero del 2010, de 8,8 grados Richter y posterior tsunami, dejó un saldo de 526 muertos, más de 800 mil damnificados y 30 mil millones de dólares en pérdidas.
El trabajo de Onemi, en esa oportunidad, fue fuertemente criticado debido a que se no tomaron los resguardos necesarios frente a un tsunami, pese a la magnitud del sismo, y que finalmente azotó los bordes costeros de varias regiones del sur de Chile y el archipiélago de Juan Fernández, en el Pacífico.
En 2011, la fiscal Solange Huerta que indagó los errores cometidos por las autoridades en el terremoto y posterior tsunami de 2010, imputó por cuasidelito de homicidio a ocho exfuncionarios, entre ellos Patricio Rosende y Carmen Fernández por no alertar a la población del peligro que existía.
El pasado 16 de mayo, la justicia rechazó las solicitudes de sobreseimiento en favor de Fernández y Rosende, imputados por la fallida alerta del tsunami, del 2010.
La decisión del juez Ponciano Sallés se sumó a otros dos rechazos que más temprano afectaron a los exjefes de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, y de Oceanografía del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), Andrés Enríquez.
De las fuertes criticas tampoco se salvó la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010), que en la noche del cataclismo también estuvo en la Onemi y debió prestar declaraciones en más de una oportunidad aunque finalmente fue liberada de culpa.
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