Más de 145 millones de euros para la red de protección familiar de C. y León

Valladolid, 18 oct.- La novedosa red de protección de las familias afectadas por la crisis en Castilla y León ha arrancado hoy con la previsión de llegar a 100.000 beneficiarios y unos 40.000 hogares, y una dotación de 145 millones para 2014, ha explicado hoy el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera.

Se trata de una red única en España que busca que en estos momentos de crisis "ninguna familia viva ni un día sin comer, sin un techo o un hogar o sin una mínima garantía de renta", ha resumido el titular del Ejecutivo de Castilla y León sobre un novedoso modelo que aglutina a administración regional, local, el tercer sector y empresas de responsabilidad social.

Veintitrés programas de actuación se ofrecerán a las personas que lo requieran, y que van desde la renta garantizada de ciudadanía, a las ayudas para hacer frente a los recibos de la hipoteca y evitar los desahucios, a alimentos y productos básicos, o a un plan de empleo específico con diez millones de euros para que 2.000 preceptores de esas ayudas sociales tengan un empleo y que se convocará este mismo mes.

Es "un auténtico proyecto de comunidad", otro rasgo "distintivo de Castilla y León", que se recogerá bajo la forma de decreto-ley y al que Herrera ha invitado a sumarse a los grupos parlamentarios.

Arropado por la mayor parte de los integrantes de la red tras una jornada de trabajo en la que se ha debatido sobre cómo abordar la exclusión y la salida de la crisis, el presidente de la Junta ha desgranado el decálogo que inspira esta red, que cuenta con el aval del diálogo social de la comunidad.

El acceso de los ciudadanos a la información y los recursos, una respuesta rápida y coordinada de las necesidades sociales, garantías especiales para los menores o de unos ingresos mínimos para las familias afectadas por la crisis, el derecho a la vivienda, el empleo y el fomento de la solidaridad son algunos "mimbres" que animan su funcionamiento.

Algunas de las herramientas ya funcionan desde hace varios años, como la renta garantizada de ciudadanía, que en 2014 contará con 53 millones, 11 más que en 2013 para pasar de 10.000 a 28.000 familias; o la red para mediar ante riesgo de desahucio, que en su primer año de vida, que se cumple en noviembre, ha atendido a 1.250 familias.

En diciembre de 2012 se añadió el acuerdo del fondo de solidaridad para ayudas urgentes y desde marzo de este año funciona de forma coordinada un servicio urgente de distribución de alimentos, con el acuerdo de Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos.

El presidente de la Junta ha avanzado que en este mes saldrá la convocatoria de ese plan especial de empleo de diez millones de euros, se aprobará el decreto ley que articula esta red y que recoge los acuerdos con los agentes sociales para flexibilizar la renta garantizada de ciudadanía y se abordará además el reconocimiento de las empresas socialmente responsables.

Además contará con una importante dotación económica, esos 145 millones de euros, que suponen duplicar la partida de 2012 -96 millones- y un 30 por ciento más que los 111 millones de este 2013.

Herrera se ha mostrado esperanzado respecto a la recuperación económica que no optimista ya que ha confesado que la "doctrina de los brotes verdes le repugna, no le gusta para nada".

Hay indicios de que se puede salir de la recesión pero todavía falta para salir de la crisis, lo que sólo sucederá cuando se cree "empleo neto", y a pesar de que se deje atrás, la crisis "va a dejar para siempre tocada y afectada a una parte muy significativa de la sociedad".

Herrera ha aprovechado para defender a una de las patas esenciales del sistema de servicios sociales, los ayuntamientos, y en ese sentido ha criticado la reforma local nacional en cuanto que supone "no conocer la realidad de lo que está pasando en los pueblos y la calles".

En esa línea ha avanzado que la Junta, "asistida por razones prácticas y sociales", en cuanto a la cercanía del municipio en los asuntos sociales, seguirá "insistiendo" ante el Gobierno central en la defensa de los municipios y sus competencias.