Más de cien organizaciones exigen al PP no legalizar devoluciones en caliente

Madrid, 19 nov.- Más de un centenar de organizaciones no gubernamentales han entregado un manifiesto en el Congreso para solicitar al PP que retire su enmienda para legalizar las llamadas 'devoluciones en caliente', que han tachado de actos "absolutamente ilegales" que suponen un "desprecio a la dignidad humana".

Las petición de las 119 asociaciones y plataformas en defensa de los derechos humanos ha sido respaldada por diputados de la oposición, entre ellos, PSOE, CiU, PNV, Izquierda Plural, BNG, ERC y Amaiur, que han acompañado a los representantes de las organizaciones firmantes en la entrega del documento.

Frente a la puerta de los leones del Congreso, Cristina Manzanedo, de Pueblos Unidos, ha denunciado que la reforma supone "todo un retroceso en el marco legal español y hace añicos en derecho comunitario", al destacar que ningún país comunitario tiene una forma de actuar en la frontera similar a la que el Gobierno pretende implantar en Ceuta y Melilla.

Pero las asociaciones no sólo rechazan el contenido de la reforma sino la forma por la cual ha sido presentada que califican de "escándalo": una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que a su vez supone la modificación de la Ley de Extranjería

En este sentido, Javier Baeza de la parroquia San Carlos Borromeo ha instado al PP a "escuchar y no aplicar el rodillo parlamentario" para sacar adelante esta ley que, en su opinión, "criminaliza a aquellos que huyen de las guerras y el hambre, muchos de los cuales vienen a pedir asilo".

Manzanedo también se ha referido a la nueva enmienda aprobada por los populares, que modifica la original, y que limita las devoluciones en caliente a los intentos de salto en grupo.

"No cambia nada, es más, esas devoluciones colectivas están prohibidas por el marco legal comunitario", ha explicado.

Pese a reconocer que el problema es "complejo" en las fronteras de Ceuta y Melilla que han tachado de "sitios difíciles", los representantes de las asociaciones han abogado por actuar según el marco legal en vigor y "no con una medida de represión que no lleva a ningún sitio".

Por todo ello, las asociaciones han pedido la acción urgente de los diputados y senadores con el fin de frenar una ley que "aborda un problema humanitario como un problema policial".